Bolivia

Informes sobre el Avance de la Libertad y la Democracia - 2008

Publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

23 de mayo de 2008

Parte 1

Bolivia es una democracia constitucional multipartidista. En 2006 una Asamblea Constituyente de delegados elegidos comenzó la redacción de una nueva constitución. La incapacidad de alcanzar un acuerdo entre el gobernante Movimiento al Socialismo y los partidos de oposición condujo a enfrentamientos severos y en ocasiones con consecuencias fatales entre sus respectivos partidarios. Un referéndum nacional sobre el proyecto de constitución fue planificado para el año 2008. El gobierno en general mantuvo un control efectivo de las fuerzas de seguridad y respetó los derechos humanos de sus ciudadanos. Los problemas de derechos humanos incluyeron: muertes y otros abusos provocados por las fuerzas de seguridad; violencia social y prácticas de aplicación de sanciones por mano propia, incluyendo linchamientos; deplorables condiciones carcelarias; arrestos y detenciones arbitrarias; amenazas a las libertades civiles, incluyendo el derecho a un juicio imparcial y público; erosión de la libertad de prensa; corrupción y falta de transparencia gubernamental; discriminación en razón de género y pertenencia étnica; trata y tráfico de personas; trabajo infantil; condiciones deplorables de trabajo en el sector minero.

Parte 2

La estrategia a favor de los derechos humanos y la democracia del gobierno de Estados Unidos se concentra en promover la estabilidad política y social por medio del fortalecimiento de las instituciones democráticas a través de una mayor transparencia y una gobernanza más efectiva. Al desarrollar las prioridades estratégicas, los funcionarios de la embajada consultan con instituciones gubernamentales, ONG, sindicatos y otras organizaciones y trabajan estrechamente con estos grupos para alentar reformas y conversar sobre problemas relacionados con los derechos humanos y la democracia. Las prioridades de Estados Unidos incluyen asegurar que las fuerzas de seguridad del gobierno respeten los derechos humanos; esto se logra a través de la realización de programas de capacitación y por medio de alentar la cooperación entre las agencias policiales y judiciales durante las investigaciones y enjuiciamientos de presuntas violaciones contra los derechos humanos. Los funcionarios estadounidenses trabajan estrechamente con la Organización de Estados Americanos y con otros socios regionales para promover soluciones pacíficas y democráticas a los complejos desafíos políticos del país, incluyendo el contenido de una nueva propuesta de constitución y la devolución de autoridad a los gobiernos departamentales.

El gobierno de Estados Unidos colabora con los poderes ejecutivo, judicial y legislativo en el nivel nacional, con los gobiernos regionales y municipales y con otras instituciones democráticas claves para mejorar la efectividad y la transparencia de la justicia, así como el acceso a ella. Estados Unidos utiliza el trabajo diplomático, el esfuerzo de extensión hacia el público, los programas de asistencia exterior e iniciativas relacionadas para promover los objetivos estratégicos.

Parte 3

Para apoyar los procesos políticos democráticos, los funcionarios estadounidenses de manera regular resaltan la importancia de la democracia y los derechos humanos durante visitas a funcionarios de alto rango y en conversaciones con el gobierno, miembros de la sociedad civil y la prensa. Estados Unidos considera que la sociedad civil y los medios de comunicación son facilitadores claves para la promoción de la democracia. Respondiendo a preocupaciones de periodistas y organizaciones de medios de comunicación acerca de la retórica antagónica a la prensa por parte del gobierno, Estados Unidos de manera regular organiza talleres y conferencias sobre ética periodística y sobre el papel de los medios de comunicación en una democracia.  Estos seminarios generan un debate substancial  sobre la práctica de un periodismo responsable y ético en un ambiente político difícil. Estados Unidos también trabaja con organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación para incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos, capacitar futuros líderes, mejorar los gobiernos locales, fortalecer el sistema judicial y promover  el respeto al estado de derecho.

Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, una base de datos accesible por medio de la red informática, que ya ha recibido más de 28 millones de visitas, proporciona a la comunidad jurídica y a la sociedad civil un medio transparente y rápido para revisar las decisiones legales de las cortes. Un sistema de seguimiento de casos financiado por el gobierno de Estados Unidos permite a los fiscales y a la policía administrar más efectivamente los casos pendientes y prestar atención a las demandas de los ciudadanos. Funcionarios estadounidenses trabajan con una red de más de 100 ONG locales para fortalecer el apoyo a la sociedad civil y la supervisión del proceso de reforma del sistema de justicia, así como para promover la conciencia pública sobre los derechos y responsabilidades ciudadanas bajo la ley y sobre la importancia del proceso de reforma judicial. La red patrocina análisis públicos de las propuestas para armonizar las prácticas de justicia de las comunidades con el sistema formal de justicia, un tema clave que origina un debate nacional. El gobierno de Estados Unidos continúa financiando un sistema gubernamental para el seguimiento de casos en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Oruro y Potosí que busca crear transparencia y eficiencia en los gastos públicos.

Con la finalidad de responder a las preocupación de la sociedad civil sobre el mejoramiento del acceso a la justicia, Estados Unidos financia varios programas que trabajan con el poder judicial para mejorar la eficiencia y fomentar la cooperación entre instituciones gubernamentales. Un programa con el Ministerio de Justicia proporciona servicios jurídicos a ciudadanos pobres a través de 10 centros integrados de justicia en El Alto, La Paz, las regiones productoras de coca del Chapare y los Yungas, y en Santa Cruz. Estos centros, que han resuelto 60.000 casos desde 2004, proporcionan a los ciudadanos acceso a servicios de mediación y otros servicios de justicia y establecen una positiva presencia gubernamental donde el respeto por el estado de derecho es frágil.

Parte 4

El gobierno de Estados Unidos concentra una atención considerable al empoderamiento de las comunidades indígenas y de las mujeres. En seis departamentos, los programas de Estados Unidos promueven el diálogo y enseñan destrezas necesarias para la resolución de conflictos a líderes indígenas y otros miembros de la sociedad civil en temas relacionados con transparencia, tenencia de tierra, liderazgo democrático y derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Tres programas de Estados Unidos enviaron a estudiantes indígenas pobres de universidades y escuelas secundarias a universidades en Massachusetts y Arizona para estudiar la sociedad y la democracia estadounidense. El gobierno de Estados Unidos también auspicia seminarios que buscan elevar la conciencia acerca de la persistencia de la violencia contra mujeres y menores, por medio de conferencistas pertenecientes al poder legislativo, a la fiscalía, de oficiales de policía de la brigada de protección a la familia y de miembros de la sociedad civil. Trabajando con las bancadas regionales, Estados Unidos proporciona capacitación a todos los miembros del Congreso Nacional, con énfasis en las legisladoras mujeres.

Los funcionarios estadounidenses de manera rutinaria enfatizan la importancia de los derechos humanos abordando este tema en los programas estadounidenses de asistencia en el campo de la seguridad que brindan capacitación a personal policial y militar del país sobre aspectos como los principios universalmente aceptados para el control de multitudes con medios no letales y para realizar investigaciones penales. Estados Unidos proporciona asistencia técnica y apoyo financiero a tres unidades policiales dedicadas a combatir la trata y tráfico de personas en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.