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INFORME SOBRE EL APOYO DE ESTADOS UNIDOS A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA

Informe completo (inglés)

Prefacio (español)

Estrategia de EE.UU. en apoyo a los derechos humanos y la democracia (español)

Informe sobre Bolivia

Bolivia es una democracia constitucional, multipartidista. En diciembre de 2005, en un proceso en general libre e imparcial, los ciudadanos eligieron a Evo Morales Ayma, un político indígena y líder de los sindicatos cocaleros, presidente. Morales fue posesionado el 22 de enero. El 2 de julio los ciudadanos eligieron una Asamblea Constituyente para reescribir la constitución del país y el partido de Morales ganó 137 de los 255 escaños disponibles de la asamblea.

Si bien el gobierno en general respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, hubo problemas en algunas áreas. Los problemas de derechos humanos más importantes fueron los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo varias muertes, duras condiciones carcelarias, arresto y detención arbitraria, amenazas a las libertades civiles incluyendo el derecho a un juicio imparcial y público, a libertades de prensa y de culto, corrupción y falta de transparencia en el gobierno, discriminación basada en género y pertenencia étnica, tráfico y trata de personas, trabajo infantil y condiciones brutales de trabajo en el sector minero.

La estrategia de derechos humanos y democracia de Estados Unidos en el país se concentró en promover la democracia y la estabilidad política y social. Estados Unidos trabajó para asegurar que las fuerzas de seguridad del gobierno respetaran los derechos humanos y cooperaran con las investigaciones y los enjuiciamientos de presuntas violaciones de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos buscó incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos, capacitó futuros líderes indígenas, mejoró los gobiernos locales, así como fortaleció el sistema judicial y el estado de derecho. Estados Unidos también promovió los derechos de las mujeres y colaboró para combatir la corrupción, el trabajo infantil y la trata y tráfico de personas.

Para apoyar los procesos políticos democráticos, funcionarios de los Estados Unidos subrayaron de manera rutinaria la importancia de la democracia y de las prácticas basadas en los derechos durante visitas de alto nivel y en conversaciones con el gobierno, miembros de la sociedad civil y la prensa. Trabajando a través de la Organización de Estados Americanos y con otros socios internacionales, incluyendo Brasil, Argentina y España, Estados Unidos buscó consolidar un apoyo internacional a favor de las instituciones democráticas. En el transcurso del año Estados Unidos trabajó de cerca con instituciones gubernamentales claves, incluyendo el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General y otras instituciones del poder ejecutivo; con el Poder Judicial, el Congreso, autoridades policiales y gobiernos regionales para contribuir a mejorar la eficacia y la transparencia y para ampliar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones.

Las actividades emprendidas por Estados Unidos buscaron mejorar el acceso a una información equilibrada sobre temas de importancia nacional, promover la participación pacífica y las oportunidades económicas en áreas marginadas, así como llevar a cabo programas de educación cívica y capacitación en liderazgo para apoyar al emergente liderazgo indígena en el país. Los programas de Estados Unidos apoyaron a las instituciones democráticas establecidas y nuevas entidades, como la Asamblea Constituyente, encargada de escribir una nueva constitución. Los esfuerzos de Estados Unidos auspiciaron una red de 3.000 observadores locales de elecciones compuesta principalmente por ONG locales para la elección de la Asamblea Constituyente del mes de julio.

En todos los nueve departamentos, Estados Unidos promovió el diálogo entre los líderes indígenas y la sociedad civil en general sobre temas de interés nacional, como la descentralización, la asamblea constituyente y la reforma económica. Los programas de Estados Unidos auspiciaron cientos de talleres sobre principios que incluyeron la representación democrática, tolerancia, resolución de conflictos y liderazgo, en los cuales participaron 60.000 personas. Por ejemplo, en la mayoritariamente indígena ciudad de El Alto, más de 1.200 jóvenes líderes fueron capacitados en liderazgo y administración de conflictos. El financiamiento de Estados Unidos permitió la distribución de aproximadamente 145.000 publicaciones sobre las convenciones constitucionales en otros países para elevar la conciencia de los ciudadanos acerca de los principios democráticos.

En apoyo a las instituciones democráticas establecidas, Estados Unidos proporcionó capacitación y asistencia técnica para mejorar su capacidad de respuesta ante las necesidades de los ciudadanos. Estados Unidos trabajó con un grupo de donantes extranjeros para proporcionar capacitación para todos los miembros del Congreso sobre las funciones de los legisladores, la estructura del Congreso y los procedimientos congresales.

Con el fin de apoyar la libertad de los medios de comunicación, Estados Unidos auspició 15 talleres sobre libertad de prensa y expresión. A través de un programa de Estados Unidos que auspició conferencias y conversaciones sobre el periodismo televisivo responsable en El Alto, La Paz, Santa Cruz y Sucre, los periodistas del país y los estudiantes de periodismo analizaron la ética profesional, los procedimientos correctos para hacer reportajes y el papel de los medios en una democracia. Talleres de radio capacitaron a periodistas radiales indígenas de los Yungas, del Chapare y del altiplano en prácticas profesionales, ética periodística y en el papel de servicio público del periodismo. Otra serie de talleres con jóvenes indígenas en riesgo produjo microprogramas radiales de servicio público que abordaron temas como los valores democráticos, mensajes contra el consumo de drogas, salud y alfabetización.

El financiamiento de Estados Unidos también apoyó la creación de programas noticiosos de radio en quechua, aymara y guaraní, los idiomas indígenas más comunes en el país. Estos programas fueron enviados a 200 estaciones de radio en áreas remotas en todo el territorio del país. Durante el año grupos indígenas y otros de la sociedad civil participaron en talleres sobre valores democráticos y en un programa estadounidense para promover mejoras en el acceso político y la participación cívica y política responsable entre poblaciones rurales e indígenas.

En el área de la reforma judicial y el estado de derecho, funcionarios estadounidenses trabajaron con una red de más de 100 ONG locales para fortalecer la defensa de la sociedad civil y la vigilancia del proceso de reforma del sistema judicial así como para promover la conciencia pública. Estados Unidos auspició varias visitas de académicos estadounidenses prominentes que dirigieron talleres con organizaciones de la sociedad civil sobre temas como la participación de los jóvenes en la democracia, el respeto por la diversidad y el desarrollo de consensos.

Estados Unidos continuó trabajando de cerca con la sociedad civil para educar a los ciudadanos acerca de sus derechos bajo los procedimientos de justicia penal reformados. Estados Unidos también apoyó el establecimiento de sistemas de mitigación y resolución de conflictos en las prefecturas de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca, para ampliar la capacidad de los gobiernos regionales de manejar conflictos.

Estados Unidos trabajó para ampliar el acceso a los servicios de justicia para los pobres a través de un apoyo continuo a los Centros Integrados de Justicia en El Alto y las zonas productoras de coca del Chapare y los Yungas. Estos centros brindaron a los ciudadanos acceso a la mediación y a otros servicios legales y establecieron una positiva presencia del gobierno en áreas donde el respeto al estado de derecho es frágil. Durante el año estos centros resolvieron aproximadamente 5.000 casos.

Destacando la importancia de proteger los derechos humanos, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de manera rutinaria abordaron la condición de los derechos humanos en programas de asistencia en seguridad proporcionado por Estados Unidos que capacitaron a policías y personal militar del país en asuntos tales como los principios internacionalmente aceptados del control de muchedumbres por medios no letales y de investigación penal fundamental. Para promover el respeto por los derechos de las mujeres y de las minorías, Estados Unidos ayudó a la Bancada de Mujeres Legisladoras a desarrollar una agenda legislativa con enfoque de género. Estados Unidos también proporcionó capacitación a diputados indígenas para ayudarles a convertirse en legisladores eficaces. A través de un programa estadounidense que auspicia conferencistas visitantes, una académica afroestadounidense prominente dictó varios seminarios sobre la promoción de la tolerancia, respeto a la diversidad y sobre el reconocimiento de la minoría afroboliviana del país. Como parte de su esfuerzo de extensión hacia la población indígena, Estados Unidos envió a dos líderes indígenas para participar en programas de Liderazgo para Visitantes Internacionales que abordaron el tema de las elecciones para el Congreso y el avance de los indígenas. Estados Unidos también envió a 15 líderes indígenas para participar en un programa de cuatro semanas de estudios estadounidenses y de capacitación en liderazgo.

En apoyo de la libertad de culto, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de manera rutinaria enfatizaron ante el gobierno boliviano la necesidad de respetar los derechos de las organizaciones religiosas y de las escuelas privadas de adoptar sus propios programas de estudios.

Estados Unidos promovió el respeto por los derechos laborales a través de la financiación de un proyecto para mejorar las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo y para alentar un diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y el gobierno. El diálogo subrayó la necesidad de resolver el problema del trabajo infantil en la industria de la caña de azúcar. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos también viajaron a la región del Chaco y se entrevistaron con familias guaraníes que vivían en servidumbre forzada. Además, una donación brindada por el gobierno de los Estados Unidos ayudó a una ONG a completar un proyecto para asegurar la permanencia de los hijos de los mineros de Potosí en escuela y evitar que trabajen en las minas; la donación terminó en 2006.

Con el objetivo de ayudar al gobierno a combatir la trata y tráfico de personas, Estados Unidos proporcionó asistencia técnica para la ley contra la trata y tráfico de personas del gobierno boliviano promulgada el 10 de enero, que logró que el país cumpliera las convenciones internacionales sobre este tema. La ley específicamente criminaliza la trata y tráfico de personas para la prostitución y dispone sentencias de prisión de cuatro a doce años cuando la víctima es menor de 14 años de edad. Conjuntamente con el gobierno francés y organizaciones internacionales, Estados Unidos patrocinó una conferencia regional sobre la trata y tráfico de personas.