BOLIVIA (Nivel 2)

Bolivia es principalmente un país de origen donde hombres, mujeres y niños son objeto de trata y tráfico para ser explotados laboral y sexualmente. Los ciudadanos bolivianos son objeto de trata y tráfico principalmente para ser trasladados a Argentina, Brasil, Perú, Chile, España y Estados Unidos, con el fin de realizar trabajos forzados en establecimientos que explotan a los trabajadores, fábricas y en la agricultura. Mujeres jóvenes y niñas bolivianas son objeto de trata y tráfico dentro del país desde áreas rurales hacia las ciudades con fines de explotación sexual comercial. Integrantes de las comunidades indígenas están en riesgo de caer en explotación laboral interna, particularmente en las plantaciones de caña de azúcar y de castaña. Niños bolivianos son objeto de trata internamente para trabajos forzados en la minería, agricultura y como sirvientes domésticos. Algunos informes indican que padres de familia han vendido o alquilado a sus hijos para ser explotados en labores agrícolas en áreas cercanas a la frontera con Perú. Inmigrantes indocumentados provenientes de Asia presuntamente transitan por Bolivia; algunos podrían ser víctimas de tráfico de personas.

El gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y tráfico; sin embargo, está llevando a cabo esfuerzos importantes para lograrlo, a pesar de la escasez de los recursos. El gobierno demostró un progreso importante en la lucha contra la trata y tráfico de personas el pasado año, al incrementar las acciones de los agentes policiales y judiciales encargados de la aplicación de la ley contra los perpetradores de trata y tráfico de personas, ampliando los servicios ofrecidos a las víctimas y sustentando los esfuerzos para la prevención de este delito.

Recomendaciones para Bolivia: Continuar intensificando los esfuerzos en cuanto a la aplicación de la ley contra la trata y tráfico de personas; comenzar procesos de investigación de funcionarios corruptos sospechosos de realizar actividades de trata y tráfico; incrementar los servicios ofrecidos a las víctimas en todo el país; dedicar recursos a investigar y prevenir el trabajo forzado; desarrollar procedimientos para identificar a víctimas dentro de grupos poblacionales con potencial de convertirse en víctimas de trata y tráfico; y modificar las leyes contra el tráfico y trata para proporcionar una mayor protección legal a las víctimas.

Enjuiciamiento

El gobierno de Bolivia aumentó significativamente los esfuerzos policiales y judiciales contra los crímenes de trata y tráfico durante el año pasado. El gobierno prohíbe todas las formas de trata y tráfico de seres humanos a través de su amplia ley contra la trata y tráfico de personas, promulgada en 2006, que dispone penas de hasta 12 de años de prisión. Estas penas son lo suficientemente severas y conmensurables con aquellas establecidas para el delito de violación. En 2007, la Policía Boliviana Nacional abrió 118 investigaciones contra la trata y tráfico de personas, lo que significa un marcado incremento en comparación con el año 2006. Los agentes policiales y los fiscales especializados en la lucha contra la trata y tráfico de personas iniciaron siete procesos judiciales por el delito de trata y tráfico en las cortes y lograron cinco sentencias, con penas impuestas a los criminales convictos por trata y tráfico desde tres hasta siete años de prisión. Tales resultados demuestran mayores esfuerzos en comparación con el año 2006, cuando el gobierno logró dos veredictos de culpabilidad y sentencias contra individuos culpables de cometer trata y tráfico de personas. Con la ayuda de Estados Unidos, la fiscalía de Santa Cruz formó una unidad integrada de asistencia a las víctimas compuesta por investigadores policiales, fiscales, personal médico y psicológico para investigar crímenes de trata y tráfico y de abuso sexual y para proporcionar asistencia directa a las víctimas. La policía boliviana también incrementó el uso de técnicas proactivas como redadas en prostíbulos y otros lugares y rescató a un total de 129 menores de edad que sufrían de explotación en trabajo de prostitución, casi el doble de la cantidad de víctimas rescatadas en 2006. El gobierno trabajó con organizaciones internacionales y con Estados Unidos para capacitar a los fiscales y al personal encargado de la lucha contra el tráfico y trata de personas. Hubo informes de algunos funcionarios de gobierno que toleraron la actividad de trata y tráfico, particularmente en casos de explotación laboral en grandes plantaciones y en áreas fronterizas. Sin embargo, ninguna investigación ni enjuiciamiento de dichos presuntos actos de corrupción han sido iniciados por el gobierno.

Protección

El gobierno boliviano aumentó los recursos y fortaleció la colaboración con autoridades municipales y ONG para la protección de las víctimas de trata y tráfico durante el año pasado. No obstante, los servicios ofrecidos a las víctimas continúan estando inaccesibles en muchas partes del país, especialmente fuera de las ciudades más grandes como La Paz y Santa Cruz. Sin embargo, en 2007, la fiscalía en Santa Cruz creó un refugio temporal capaz de albergar a 120 víctimas de trata y tráfico de personas. La Prefectura del departamento de La Paz también dirige un refugio con capacidad para 40 víctimas de explotación sexual comercial y el gobierno municipal de La Paz dirige un refugio de emergencia que presta asistencia a víctimas de trata y tráfico, además de servir a otras víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. El gobierno hace esfuerzos por alentar a las víctimas a cooperar con la investigación y el enjuiciamiento de quienes las sometieron a trata y tráfico. Aunque el gobierno generalmente proporciona protecciones legales apropiadas a las víctimas de trata y tráfico, algunas son encarceladas o condenadas por actos ilegales cometidos como resultado directo de ser víctimas de trata y tráfico. El gobierno carece de procedimientos efectivos para identificar a las víctimas de trata y tráfico entre los grupos poblacionales vulnerables como son  los delincuentes detenidos, mujeres prostituidas, trabajadores migrantes y trabajadores infantiles.

Prevención

El gobierno mantuvo sus esfuerzos de prevención y de concienciación pública por medio de 75 seminarios contra la trata y tráfico de personas y de campañas educativas, alcanzando a aproximadamente 2.800 personas. El gobierno también trabajó estrechamente con varias ONG y organizaciones internacionales en actividades de prevención. El gobierno no informó sobre esfuerzos realizados para reducir la demanda de actos sexuales comerciales durante el año. Además, no hubo información disponible acerca de medidas que el gobierno haya tomado para evitar que tropas bolivianas se involucren en actividades relacionadas con trata y tráfico cuando son desplegadas al extranjero como parte de operaciones de mantenimiento de la paz.