Informe sobre el Tráfico y Trata de Personas

BOLIVIA (Nivel 2)

Bolivia es principalmente un país de origen para que hombres, mujeres y niños sean objeto de trata y tráfico con el fin de ser explotados laboral y sexualmente. Una gran cantidad de ciudadanos bolivianos son objeto de trata y tráfico hacia Argentina, Brasil, Chile, Perú, España y Estados Unidos, con el fin de realizar trabajos forzados en establecimientos que explotan a los trabajadores, fábricas y en la agricultura. En un caso descubierto en mayo de 2008, más de 200 trabajadores bolivianos fueron víctimas de tráfico a Rusia para ser explotados en trabajos forzados en la industria de la construcción. Dentro del país, mujeres jóvenes y niñas bolivianas son víctimas de trata y tráfico desde áreas rurales hacia áreas urbanas con fines de explotación sexual comercial. Los integrantes de las comunidades indígenas están particularmente en riesgo de ser víctimas de trabajos forzados dentro del país, especialmente en haciendas, plantaciones de caña de azúcar y plantaciones de castaña. Menores bolivianos son objeto de trata internamente para ser explotados en trabajos forzados en la minería, agricultura y como sirvientes domésticos. Algunos informes indican que padres de familia han vendido o alquilado a sus hijos para ser explotados en labores agrícolas en áreas cercanas a la frontera con Perú. Los débiles controles a lo largo de las extensas fronteras de Bolivia convierten al país en un punto de fácil tránsito de migrantes indocumentados, algunos de los cuales podrían ser víctimas de tráfico de personas.

El gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y tráfico; sin embargo, está llevando a cabo esfuerzos importantes para lograrlo. El gobierno demostró un progreso importante en la lucha contra la trata y tráfico de personas el pasado año al incrementar las acciones de los agentes policiales y judiciales encargados de la aplicación de la ley contra los perpetradores de trata y tráfico de personas y manteniendo campañas de prevención. El gobierno continúa fallando, sin embargo, en asegurar que las víctimas tengan acceso a servicios adecuados de protección.

Recomendaciones para Bolivia: Continuar intensificando los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata y tráfico de personas, especialmente en relación a denuncias de trabajo forzado de adultos y niños; incrementar los servicios ofrecidos a las víctimas en todo el país; modificar las leyes contra la trata y tráfico para proporcionar mayores protecciones legales a las víctimas; desarrollar procedimientos formales para identificar víctimas en medio de poblaciones con potencial de sufrir trata y tráfico; e incrementar la conciencia pública acerca de los peligros de la trata y tráfico de seres humanos, especialmente entre ciudadanos bolivianos jóvenes que buscan trabajar en el extranjero.

Enjuiciamiento

El gobierno de Bolivia llevó a cabo esfuerzos vigorosos para investigar y enjuiciar crímenes de trata y tráfico el año pasado. El gobierno prohíbe todas las formas de trata y tráfico de seres humanos a través de la Ley 3325, una ley contra la trata y tráfico de personas promulgada en 2006, que dispone penas de ocho hasta doce de años de prisión. La ley contiene penas agravadas por delitos de trata y tráfico de menores, para grupos criminales organizados y para empleados públicos encargados de proteger a los niños. Las penas dispuestas por la ley son lo suficientemente severas y conmensurables con aquellas establecidas para otros delito serios, como la violación. La Policía Boliviana Nacional investigó 229 casos de trata y tráfico de seres humanos en 2008, que representa un incremento de 49 por ciento con respecto al año anterior. De éstos, 178 fueron remitidos para su enjuiciamiento penal; 114 permanecen en estado de investigación en la fiscalía; 47 se encuentran en diferentes etapas dentro de los tribunales penales; 10 han llegado a juicio y esperan un veredicto final de las cortes y siete (7) han dado por resultado sentencias de culpabilidad, con dos acusados sentenciados a tres y siete años de presidio respectivamente. Estos resultados demuestran un incremento en los esfuerzos con respecto al 2007, cuando el gobierno logró cinco sentencias contra delincuentes acusados de trata y tráfico. La mayor parte de los esfuerzos contra la trata y tráfico por parte del gobierno se concentraron en la explotación comercial sexual de menores, aunque varios casos estuvieron referidos a denuncias sobre trabajo forzado. En un caso notable que implicó el tráfico de 255 trabajadores bolivianos a Rusia, ocho funcionarios de una compañía boliviana involucrados en su reclutamiento, juntamente con tres ciudadanos rusos, han sido acusados por tráfico para explotación laboral. El gobierno administró cuatro unidades policiales contra la trata y tráfico en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. La policía boliviana incrementó las incursiones en burdeles que dieron por resultado el rescate de 215 menores explotadas en la prostitución. Esto representa un incremento en la cantidad de víctimas rescatadas con respecto al año 2007 y un crecimiento tres veces mayor con respecto al año 2006. En septiembre de 2008, el gobierno aprobó legislación para crear una base de datos nacional para registrar estadísticas de trata y tráfico de personas y para centralizar la información acerca de menores desaparecidos, algunos de los cuales podrían ser víctimas de trata y tráfico. La nueva ley también instruye a la policía nacional formar unidades especializadas contra la trata y tráfico en cada departamento del país. No se iniciaron investigaciones penales ni juicios contra funcionarios públicos supuestamente involucrados en actividades relacionadas con trata y tráfico el año pasado, aunque hubo reportes de que algunos funcionarios aceptaron sobornos para facilitar el movimiento ilegal de personas, incluyendo casos bajo sospecha de trata y tráfico de seres humanos.

Protección

El gobierno mantuvo esfuerzos modestos para proteger a las víctimas de trata y tráfico el año pasado. Sin embargo, no se  dispone de servicios temporales ni de largo plazo para las víctimas en muchas partes del país, especialmente fuera de las ciudades más grandes como son La Paz y Santa Cruz, que cuentan con pequeños albergues municipales capaces de cuidar a las víctimas de trata y tráfico en el corto plazo. El gobierno no ha dedicado programas para ayudar a las grandes cantidades de ciudadanos bolivianos que se convierten en víctimas de trata y tráfico en el extranjero y que después son repatriados al país. El gobierno generalmente alienta a las víctimas de trata y tráfico a ayudar en la investigación y enjuiciamiento de sus victimarios. Sin embargo, algunas víctimas de trata y tráfico aparentemente fueron encarceladas o castigadas de otras formas por actos ilegales cometidos como resultado directo de haber sido objeto de trata y tráfico. El gobierno carece de procedimientos eficaces para identificar a las víctimas de trata y tráfico entre las poblaciones vulnerables, como mujeres prostituidas en burdeles y no proporciona a las víctimas extranjeras de tráfico alternativas legales a la deportación a países donde podrían enfrentar penurias o represalias.

Prevención

El gobierno mantuvo esfuerzos de prevención y de concienciación pública realizando campañas educativas contra la trata y tráfico dirigidas principalmente a menores en edad escolar, alcanzando a aproximadamente 3.000 estudiantes. El gobierno también trabajó estrechamente con varias ONG, organizaciones internacionales  y otros gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos en actividades de prevención. No se informó sobre esfuerzos realizados para reducir la demanda de actos sexuales comerciales durante el año. Las tropas bolivianas desplegadas con operaciones de mantenimiento de la paz en el extranjero reciben capacitación en derechos humanos, incluyendo información acerca de la explotación sexual comercial ilegal de menores.