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INFORME POR PAISES SOBRE LAS PRÁCTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 2006

• Introducción al Informe (español)
• Prefacio al Informe (español)
• Artículo: Dpto. de Estado publica enciclopedia de violaciones de los derechos humanos (español)
• Informe completo (inglés)

Informe completo sobre Bolivia

BOLIVIA

Bolivia es una democracia constitucional, multipartidista con una población de 8.5 millones. En diciembre de 2005, en un proceso en general libre e imparcial, los ciudadanos eligieron presidente a Evo Morales Ayma, un político indígena y líder de los sindicatos cocaleros. Morales fue posesionado el 22 de enero y bajo su administración las autoridades civiles en general mantuvieron un control efectivo de las fuerzas de seguridad.

El 2 de julio los ciudadanos eligieron una Asamblea Constituyente (AC) para reescribir la constitución del país y el partido de Morales, Movimiento al Socialismo (MAS) ganó 137 de los 255 escaños disponibles de la AC. La elección no dio al MAS una mayoría por dos tercios necesaria para aprobar los cambios constitucionales, lo cual se convirtió en una causa creciente de tensión entre el MAS y los partidos de la oposición. No obstante, el MAS utilizó una votación por simple mayoría para dar a la AC poderes plenipotenciarios para “refundar” el estado (a diferencia de simplemente enmendar la constitución), una acción asumida ignorando las objeciones de la oposición. A finales del año las posturas del MAS y de la oposición seguían trabadas con respecto a las reglas de votación de la AC.

Si bien el gobierno en general respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, hubo problemas en algunas áreas. Los problemas de derechos humanos más importantes fueron los abusos por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo varias muertes, duras condiciones carcelarias, arresto y detención arbitraria, amenazas a las libertades civiles incluyendo el derecho a un juicio imparcial y público, a libertades de prensa y de culto, corrupción y falta de transparencia en el gobierno, discriminación basada en género y pertenencia étnica, tráfico y trata de personas, trabajo infantil y condiciones brutales de trabajo en el sector minero.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 Respeto a la Integridad de la Persona, Incluyendo el Estar Libre de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida

Ni el gobierno ni sus agentes cometieron ningún asesinato por razones políticas durante el año. Sin embargo, tres personas fueron muertas, docenas fueron heridas y varias otras fueron detenidas como rehenes durante manifestaciones violentas en Oruro y Cochabamba (véase la sección 2.b.) Además, fuerzas de seguridad dieron muerte a por lo menos cuatro personas en acontecimientos no relacionados entre ellos durante el año.

El 9 de junio, el oficial de policía Santiago Orocondo Arevillca, que se encontraba fuera de servicio, fue alcanzado por un arma de fuego y muerto durante un conflicto con las fuerzas de seguridad (véase la sección 2.b.).

El 5 de julio, el oficial naval Wilder René Blanco Mendoza fue encontrado muerto en El Alto; su cuerpo mostraba señales de tortura. El oficial Blanco había desaparecido el 16 de junio. Los principales sospechosos, los dos últimos individuos que lo vieron, también eran oficiales militares. El caso seguía en investigación a fin de año.

El 29 de septiembre, 50 a 60 efectivos de las fuerzas de seguridad intentaron entrar al Parque Nacional Carrasco para erradicar coca. Supuestamente, aproximadamente 200 productores de coca armados (cocaleros) atacaron por sorpresa a las fuerzas de seguridad, lo que dio por resultado la muerte de los cocaleros Rember Guzmán Zambrana y Celestino Rinaldi así como ocho heridos y la toma de nueve policías como rehenes. Los policías fueron liberados después que las fuerzas de seguridad liberaran a cuatro personas detenidas en el ataque.

Hubo varias muertes debido a la violencia en las prisiones durante el año (véase sección 1.c.).

Durante el año, ciudadanos actuando como vigilantes y ejecutando sanciones por mano propia mataron por lo menos a cuatro personas (véase sección 1.c.). El 28 de junio, una turba de aproximadamente 400 vecinos de El Alto linchó a un supuesto ladrón. El 24 de julio, en Pampa San Miguel, Cochabamba, un hombre de 22 años de edad fue severamente golpeado y quemado por sus vecinos, quienes lo acusaron de atacar sexualmente a una mujer de edad avanzada. Murió dos días después. El 6 de agosto, vecinos golpearon hasta provocar la muerte a uno de dos supuestos intrusos en Villa Nuevo Potosí, después que los residentes acudieron en auxilio de una vecina, que había descubierto a los sospechosos en su casa. El 28 de octubre, ciudadanos quemaron a Juan Pesoa Chuve, ocasionándole la muerte, en la comunidad de Puesto Nuevo de Lomerío, en el Departamento de Santa Cruz. Según hallazgos policiales preliminares, un tribunal popular ad hoc lo sentenció por haber cometido actos de brujería que dañaron a su comunidad. (El Código Penal no contiene leyes contra la brujería.)

En el caso de enero de 2005 en el cual el oficial naval Rubén Darío Rojas disparó y mató a un niño de 12 años en Riberalta, las autoridades sentenciaron a Rojas a tres años de prisión el 1 de julio.

No hubo avance en el caso de junio de 2005 concerniente a la muerte de Carlos Coro Mayta, quien fue muerto por personas no identificadas durante una conmoción social en las afueras de la ciudad de Sucre. El gobierno indemnizó a la familia por su muerte y la investigación continuaba hasta el fin de año.

El caso de agosto de 2005, concerniente a la muerte del conscripto militar Fredy Moisés Kanqui, quien fue acribillado y muerto por el oficial del ejército Luis Fernando Pereira Ramos, todavía estaba pendiente en una corte militar hacia finales del año y Pereira permanecía en prisión preventiva.

No hubo avances en el caso de agosto de 2005 relativo al oficial de policía Santiago Calderón Romero, muerto durante una confrontación en Santa Cruz o del caso de septiembre de 2005 en el cual Gumersindo Mamani, Dámaso Condori y Dionisio Flores fueron muertos en las afueras de El Alto, en Viacha, durante una disputa entre dos comunidades por la propiedad de tierras.

No hubo avances en las investigaciones de las muertes del oficial Saúl Coronado y de dos campesinos, Hernán Masay y Eddy Argmón, ocurridas en 2004 durante confrontaciones entre fuerzas de seguridad y civiles en la localidad de San Pablo.

No hubo nuevos avances en las investigaciones de las confrontaciones de 2004 entre cocaleros y fuerzas de seguridad dentro de la reserva natural de Isidoro Sécure, que ocasionaron la muerte de los cocaleros Juan Colque y Genaro Canaviri.

No hubo avances, y no se esperaba que hubiera, en la investigación de la muerte de Medrin Colque Mollo, ocurrida en 2004, presumiblemente a manos de la policía, durante una confrontación entre más de 100 avasalladores de terrenos y fuerzas de seguridad.

El 17 de marzo, las autoridades judiciales liberaron al ciudadano español Francisco Javier Villanueva y a Freddy Hurtado, sospechosos en el asesinato de la fiscal Mónica von Borries, ocurrido en 2004 en Santa Cruz. Las autoridades judiciales dictaminaron que los brasileños Ricardo Borba Mezquita y Sandro Carvalho, que fugaron de una prisión de Santa Cruz en 2005, así como el italiano Marco Marino Diodato, que permaneció prófugo, fueron los responsables del asesinato (véase la sección 1.c.).

En el caso del linchamiento de Benjamín Altamirano, alcalde de Ayo Ayo, ocurrido en 2004, las autoridades presentaron acusaciones criminales formales por conspiración, privación de libertad, coacción, secuestro y asesinato contra 25 sospechosos. Rufino Peñafiel y Nicanor Mamani, ambos sentenciados en 2005 por su asociación con el asesinato, fueron liberados de prisión. Tres otras personas fueron juzgadas y sentenciadas a no más de cinco años de prisión. En diciembre de 2005, la policía arrestó al principal sospechoso y supuesto autor intelectual del crimen, Cecilio Huanca, en Santa Cruz. La fase de argumentación oral del juicio contra 18 sospechosos comenzó el 31 de octubre; el veredicto permanecía pendiente a finales del año.

Con respecto a la acusación del gobierno contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete por las aproximadamente 59 muertes y más de 400 personas heridas en la conmoción civil de octubre de 2003, el 11 de abril el gobierno acusó formalmente a los oficiales militares Juan Veliz Herrera, Luis Aranda, Oswaldo Quiroga, Roberto Claros y Gonzado Rocabado por genocidio, asesinato, conspiración y “violación de las garantías individuales” y del “tenor expreso de la Constitución”. El 4 de diciembre, el fiscal ordenó a la hija del ex presidente comparecer y proporcionar información sobre la participación de su padre en los acontecimientos de octubre de 2003. El 18 de diciembre, el fiscal general presentó formalmente cargos contra el ex presidente, los cuales incluyeron genocidio, cargos múltiples de homicidio y ataque que condujo a lesiones, privación de libertades civiles, tortura, calumnia, actos contra la libertad de prensa, destrucción de propiedad y otros actos contrarios a la Constitución.

En general, la demora del gobierno en completar investigaciones eficaces y en identificar y castigar a los responsables por las muertes de civiles o de efectivos de las fuerzas de seguridad dio por resultado una percepción de impunidad. La comisión de derechos humanos del Congreso, la oficina del Defensor del Pueblo, el Viceministerio de Justicia y su Dirección de Derechos Humanos, grupos ciudadanos y organizaciones no gubernamentales (ONG) continuaron presionando al gobierno para apresurar los procedimientos en una cantidad de casos bajo investigación o dentro del sistema judicial.

b. Desaparición

No hubo informes de desapariciones por motivos políticos.

c. Tortura y Otros Tratamientos o Castigos Crueles,
Inhumanos o Denigrantes.

La ley prohíbe dichas prácticas y no hubo informes de que funcionarios del gobierno las emplearan. Hubo varias denuncias de violencia ejercida por vigilantes que dieron por resultado abusos extrajudiciales contra las personas (véase la Sección 1.a.). Aunque no hubo informes específicos de golpizas y abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, el Defensor del Pueblo hizo público un informe en diciembre de 2005, el cual afirmaba que de todas las instituciones gubernamentales, la policía era la entidad que más frecuentemente violaba los derechos humanos.

El Centro de Justicia y Derechos Humanos de Chimoré, que fue convertido en Centro Integrado de Justicia, recibió 12 quejas de ciudadanos de la región del Chapare sobre abusos por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad durante el año. Los casos no fueron presentados formalmente al Ministerio Público sino que fueron enviados para su tratamiento a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la policía.

Comunidades indígenas localizadas en áreas con poca o ninguna presencia del gobierno impusieron castigos que presuntamente incluyeron la pena de muerte contra miembros de la comunidad que habían violado las leyes o las reglas tradicionales, aunque la constitución prohíbe la pena de muerte. La muerte de Juan Pesoa Chuve, que fue quemado, (véase la sección 1.a.) fue un ejemplo de “justicia comunitaria” que transgredió el sistema jurídico formal. La justicia ejercida por vigilantes ocurrió de manera regular en la ciudad de El Alto, de mayoritaria presencia indígena, donde figuras que representaban a ladrones ejecutados fueron colgadas de manera rutinaria cerca de tiendas y mercados.

Además de los linchamientos citados en la sección 1.a., hubo informes de prensa de 16 intentos de linchamiento en el año. El 10 de marzo, un grupo de vecinos residentes confundieron a José Luis López con un ladrón y lo ataron a un árbol plagado de hormigas venenosas por tres horas hasta que la policía lo liberó. A finales de año la policía seguía investigando este caso. También en marzo, miembros de un sindicato, incluyendo a Carlos Delgadillo y Constantino Quinteros, ataron al productor de coca Juan Chávez a un árbol de hormigas venenosas por dos horas por no asistir a una reunión del sindicato el día 15 de marzo. La policía detuvo a cinco sospechosos a finales del año.

Funcionarios a cargo del cumplimiento de la ley se quejaron sobre el peligro de intervenir en los linchamientos porque a menudo se vieron superados en número por los vecinos residentes con quienes tuvieron que negociar para lograr la liberación de los presuntos criminales para ponerlos bajo la custodia gubernamental. En vecindarios conocidos por los intentos de linchamiento, los vecinos intentaron justificar las acciones de los vigilantes argumentando la ausencia de agentes locales para el cumplimiento de la ley.

No hubo nuevos avances en el caso de la golpiza ocurrida en diciembre de 2005 de Alvaro Guzmán, Director de Derechos Humanos del Viceministerio de Justicia, por parte de los oficiales de policía René del Río Rosales, Mario Vaca y Edgar Choque, de La Paz.

No hubo nuevos avances y no se esperaba ninguno en la investigación del Ministerio Público acerca de las acusaciones en sentido de que la policía de Santa Cruz torturó al ciudadano español Francisco Javier Villanueva en 2004 en relación con el atentado con bomba en el coche de la fiscal Mónica von Borries (véase la sección 1.a.).

Condiciones en las Prisiones y Centros de Detención

Las condiciones en las prisiones fueron muy duras. Hubo hacinamiento y malas condiciones de vida en las prisiones. Hacia el fin del año había 6.915 reclusos (5.934 hombres, 981 mujeres) en instalaciones diseñadas para albergar a 4.700 prisioneros. Las penitenciarías sobrepasadas en población carcelaria incluyeron: San Pedro en La Paz, sobrepasada en 500 por ciento, Mocovi, sobrepasada en 345 por ciento y la cárcel de mujeres en La Paz, sobrepasada en 300 por ciento. Las fugas de prisiones fueron comunes; el 30 de junio, 10 personas escaparon de la prisión de Bahía en Puerto Suárez. Con excepción del penal de máxima seguridad de Chochocoro, en El Alto, las autoridades gubernamentales controlaron eficazmente sólo el perímetro externo de seguridad de cada prisión. Dentro de los muros de las prisiones, los reclusos usualmente mantuvieron el control y grupos criminales operaron desde sus celdas sin interferencia.

La violencia entre los reclusos y en algunos casos la participación de funcionarios a cargo de las cárceles en actos de violencia contra los prisioneros, constituyeron un problema. El 13 de abril, prisioneros mataron a cinco reclusos durante una revuelta en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz.

La corrupción representó un problema entre los guardias de bajo rango que perciben un salario bajo y entre los gobernadores de las prisiones. El número de personas recluidas en centros de detención, que tienen la finalidad de retener a las personas antes de la conclusión de sus juicios y sentencias, disminuyó de manera significativa debido al Código de Procedimiento Penal (CPP) pero siguió constituyendo un problema debido a las huelgas judiciales y a un incremento generalizado del crimen.

Los reclusos no estuvieron separados por clasificación de crímenes o de condición. La capacidad económica de un recluso a menudo determinó el tamaño de su celda, sus privilegios de visitas, su elegibilidad para autorizaciones de salida por el día y la ubicación y duración de su encierro. Hubo informes en sentido de que los reclusos pagaron montos de dinero por celdas a los ocupantes previos o a reclusos que controlaban bloques de celdas. Aunque la ley permite que niños hasta los 6 años de edad vivan con un padre o madre en la cárcel, niños de hasta 12 años vivieron con sus padres en las cárceles. Hubo aproximadamente 700 niños viviendo con uno de sus padres en la cárcel, como una alternativa a que quedaran sin hogar.

La dieta estándar de las cárceles fue insuficiente y los reclusos que pudieron hacerlo complementaron la dieta estándar de la prisión comprando comida. El 8 de abril, los reclusos se amotinaron en la cárcel de San Pedro para exigir una mejora en la alimentación. En octubre, reclusos en todo el país llevaron a cabo una huelga de hambre; sus demandas se centraron en la modificación de la legislación antinarcóticos, Ley 1008, que prohíbe a los reclusos trabajar y restringe otros beneficios.

La ley dispone que los reclusos tengan acceso a asistencia médica, pero no hubo un servicio de atención de salud adecuado en las cárceles y fue difícil que los reclusos obtuvieran permiso para recibir tratamiento médico fuera de la cárcel. De las 14 cárceles del país, 5 no tuvieron doctores ni proporcionaron asistencia médica. Varias ONG y reclusos denunciaron la existencia tuberculosis y VIH/SIDA en las cárceles. El gobierno no tuvo información acerca de la cantidad de reclusos enfermos. Sin embargo, los prisioneros con mayores recursos económicos pudieron obtener permisos de transferencia a prisiones más cómodas o incluso a instituciones privadas externas a la cárcel debido a razones “médicas”. Los reclusos que pudieron pagar tuvieron acceso a drogas y alcohol.

Hay prisiones separadas para mujeres, excepto en el caso de la cárcel de Morros Blancos en Tarija, donde fueron encarcelados hombres y mujeres. Las condiciones de las reclusas fueron similares a las de los hombres; sin embargo, el hacinamiento en la cárcel de mujeres de San Sebastián en Cochabamba fue peor que en la mayoría de las cárceles para hombres.

Los 706 reos jóvenes sentenciados (de 16 a 21 años de edad) no fueron separados de los reclusos adultos en las cárceles y los reclusos adultos algunas veces los abusaron. Programas de rehabilitación para delincuentes juveniles u otro tipo de prisioneros fueron escasos o inexistentes. Los detenidos en espera de la realización de sus juicios fueron encarcelados juntamente con los reos sentenciados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita en noviembre y su Relator Especial sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad examinó tres cárceles. La CIDH expresó preocupación acerca de la salud y seguridad de los reclusos, así como por su hacinamiento. El Relator Especial instó al gobierno a tomar medidas para asegurar que la cohabitación familiar en las cárceles se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en vista del “precario estado de la infraestructura, el saneamiento y la seguridad en esas prisiones”.

El gobierno permitió visitas a las prisiones por parte de observadores independientes de derechos humanos, jueces y representantes de los medios de comunicación y dichas visitas se efectuaron a lo largo del año.

d. Arresto o Detención Arbitraria

La ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria. Aunque el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones, hubo excepciones de alto perfil a esta regla.

Papel de la Policía y del Aparato de Seguridad

La Policía Nacional tiene la responsabilidad principal por la seguridad interna, pero las fuerzas militares pueden ser convocadas para prestar ayuda en situaciones críticas, que ocurrieron durante el año. La Policía Nacional puso en disciplina a sus oficiales cuando fue necesario, emitiendo 533 sanciones administrativas durante el año. En general los fiscales se mostraron renuentes a enjuiciar a los oficiales de las fuerzas de seguridad por delitos presuntamente cometidos mientras estaban en el cumplimiento de su deber, en parte debido a que dependen de la Policía Técnica Judicial para investigar a sus propios oficiales.

Arresto y Detención

Los arrestos fueron realizados abiertamente, pero hubo informes creíbles de arrestos y detenciones arbitrarias de alto perfil.

El CPP establece el requisito de una orden de arresto y la policía debe informar al fiscal sobre un arresto dentro de ocho horas. La ley requiere que un detenido sea remitido a un juez dentro de 24 horas, tiempo durante el cual el juez debe determinar si es apropiado continuar la detención previa al juicio o conceder la libertad bajo fianza y debe ordenar la liberación del detenido si el fiscal no presenta razones suficientes para el arresto. Informes fidedignos indicaron que en algunos casos los detenidos estuvieron privados de libertad por más de 24 horas sin una aprobación de la corte.

La ley dispone que las personas mayores de 60 años estén sujetas a detención domiciliaria. Sin embargo, el 3 de abril, las autoridades encarcelaron a José María Bakovic, de 68 años de edad, ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, por tres semanas bajo acusaciones de corrupción. El 1 de septiembre, la parte impetrante suspendió su caso contra Bakovic para obtener tiempo adicional para preparar el caso. Aunque no se presentaron acusaciones formales, se prohibió a Bakovic abandonar La Paz (véase la sección 1.e.).

El 28 de julio, las autoridades pusieron a la ex gerente general del Banco Central Marcela Nogales en prisión preventiva por su supuesto papel en el retiro indebido de fondos del gobierno en 2003. La policía no presentó una orden de arresto, un requisito de la ley. Subsiguientemente, Nogales fue detenida por 66 días antes de ser liberada. Auditorías financieras realizadas por autoridades gubernamentales antes y después de su detención no encontraron evidencia de actividad criminal, sólo encontraron faltas administrativas. A fin de año el gobierno continuaba su investigación pero no había presentado ningún cargo.

El 8 de septiembre, cuatro ciudadanos chinos fueron detenidos por ocho días sin cargos. A principios de noviembre el Tribunal Constitucional concedió su derecho al hábeas corpus. El tribunal ordenó que el gobierno determinara el estatus migratorio de los acusados inmediatamente.

Muchos prisioneros todavía aguardaban sus juicios; hasta octubre más del 70 por ciento de los reclusos estaban esperando sus sentencias, pero las cortes aprobaron la libertad bajo fianza para algunos detenidos. Los jueces tienen la autoridad de ordenar la detención preventiva cuando se considera que existe el riesgo de que el sospechoso huya. Si un imputado no es detenido, un juez puede ordenar restricciones importantes sobre la capacidad de movilizarse del mismo.

Los prisioneros pudieron tener acceso a un abogado, pero aproximadamente 70 por ciento de ellos no pudieron pagar los costos de un abogado defensor y los defensores públicos de oficio estuvieron sobrecargados de trabajo (véase la sección 1.e.).

El gobierno capacitó a 317 oficiales de policía en el tema de la protección de los derechos humanos durante las investigaciones criminales y 800 oficiales de policía y fiscales fueron capacitados en asuntos relacionados con los derechos humanos en 2005.

La falta de acceso a la justicia debido a detenciones prolongadas siguió representando un problema. Aunque el CPP dispone que la fase preparatoria no puede durar más de 18 meses mientras espera su juicio y sentencia, esta disposición no fue cumplida en la práctica (véase la Sección 1.e.). Si el procesamiento no es completado en 18 meses, el detenido puede solicitar su liberación determinada por un juez; sin embargo, la corrupción judicial, una escasez de defensores públicos, los inadecuados mecanismos para realizar el seguimiento de los casos y los complejos procedimientos penales mantuvieron a algunas personas encarceladas por más de 18 meses antes de su juicio.

Los niños de 11 a 16 años de edad pueden ser detenidos indefinidamente en centros infantiles si se conoce que cometieron algún crimen o si se sospecha aquello, o para su protección, por orden de una trabajadora social. No hay revisión judicial de dichas órdenes (véase la Sección 5, Niñez).

e. Negación de Juicio Público Imparcial

La ley dispone un sistema judicial independiente, pero según funcionarios judiciales el gobierno intentó socavar la independencia judicial. En una conferencia de prensa del 20 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema declaró que el gobierno había pisoteado y sometido sistemáticamente los tribunales, violando el principio de separación de poderes. La corrupción y la ineficiencia del sistema judicial continuaron siendo problemas graves. El gobierno redujo los ya bajos salarios judiciales en febrero, una acción que condujo a la renuncia de muchos jueces en cargos altos y debilitó al poder judicial.

El presidente Morales y otros funcionarios gubernamentales de alto nivel comentaron públicamente su deseo de presentar cargos penales contra varios ex funcionarios de gobierno.

El gobierno intentó presentar cargos penales contra cinco ex presidentes que aparentemente estuvieron motivadas por razones políticas. El 16 de marzo, el Fiscal General declaró su intención de presentar demandas legales en contra de los ex presidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada por firmar contratos para la venta de hidrocarburos a países vecinos durante sus respectivas presidencias. (En octubre de 2004, el Congreso aprobó acusaciones penales contra Sánchez de Lozada por genocidio, asesinato y conspiración en relación con la conmoción social de octubre de 2003.) En agosto, el gobierno anunció su intención de reabrir un caso judicial contra el ex presidente Jaime Paz Zamora por narcotráfico, el cual fue cerrado en 1996. El 3 de agosto, el gobierno completó su investigación sobre la responsabilidad del ex presidente Eduardo Rodríguez por la transferencia de misiles tierra-aire para su destrucción. Hacia el fin del año los casos contra Quiroga, Paz, Mesa y Rodríguez aguardaban la aprobación del Congreso requerida para proceder.

El 25 de agosto, el gobierno reabrió el caso del líder del partido Unidad Nacional y delegado a la Asamblea Constituyente Samuel Doria Medina, bajo acusaciones que habían sido sobreseídas 12 años atrás. El gobierno inició este caso después de las declaraciones públicas de Doria Medina del día 7 de agosto en defensa del ex presidente Eduardo Rodríguez.

El sistema judicial tiene tres niveles de cortes: Juzgados, Cortes Superiores de Distrito y la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema atiende apelaciones en general. El Tribunal Constitucional es una institución independiente y tiene jurisdicción original y de apelación sobre asuntos constitucionales.

El CPP dispone un sistema de juicios orales transparentes en los juicios penales, establece el requisito de que ningún período de detención previo al juicio exceda los 18 meses, dispone un período máximo de detención de 24 meses en casos en que una sentencia esté siendo apelada y ordena que la duración máxima de un proceso sea de 3 años.

La ley establece que el fiscal está a cargo de la fase de investigación de un caso y que debe dar a los sospechosos una oportunidad para confrontar las acusaciones antes que comience formalmente un juicio. El ex presidente Rodríguez reclamó que no tuvo la oportunidad de confrontar las acusaciones contra él antes que el gobierno buscara la aprobación del Congreso para presentarlas. La CIDH, al informar sobre su visita de noviembre, citó “estadísticas alarmantes con relación al acceso a la justicia”, señalando que sólo 55 por ciento de los municipios tenían alguna autoridad judicial y sólo 23 tenían un fiscal.

El fiscal instruye a la policía sobre qué declaraciones de testigos y evidencia se precisan para llevar adelante el proceso. Los fiscales de sustancias controladas dirigen la investigación en casos de narcotráfico. Se procesa casos ante un juez de sentencia por delitos acción privada (y con sentencias posibles menores a cuatro años de privación de libertad) y casos por delitos mayores (con sentencias posibles de más de cuatro años) ante tribunales de sentencia que constan de un panel de cinco miembros que incluye tres jueces ciudadanos y dos jueces colegiados. El Instituto Médico Forense se inauguró en 2005, aunque la Fiscalía General no tuvo los reactivos químicos apropiados para comenzar a realizar investigaciones.

La revisión de la Corte Superior está restringida a un análisis de la forma en que se ha aplicado la ley. La revisión por parte de la Corte Suprema está restringida a casos que involucren circunstancias excepcionales. Durante las revisiones realizadas por la Corte Superior y por la Corte Suprema, éstas tienen la facultad de confirmar, reducir, incrementar, o anular las sentencias o bien dar alternativas no contempladas por los juzgados de menor instancia.

Procedimientos de Juicio

Los imputados tienen derechos constitucionales a la presunción de inocencia, a un juicio rápido, a permanecer en silencio, a ser asistidos por un defensor, a confrontar a los testigos, a presentar pruebas a su favor, a un debido proceso legal, a apelar las decisiones judiciales y a confrontar las acusaciones judiciales con los fiscales gubernamentales antes que sea iniciado un proceso formal ante los tribunales. En la práctica, los derechos a tener un abogado y a un juicio rápido no fueron protegidos de manera sistemática, aunque el CPP hizo posible que las investigaciones fueran más eficientes, que los juicios orales fueran transparentes y los veredictos fidedignos.

Carencias presupuestarias en el Servicio Nacional de Defensa Pública, creado para proporcionar a los imputados de bajos recursos económicos un abogado defensor pagado con fondos públicos, redujeron el equipo del Servicio a 54 defensores públicos, nueve asistentes jurídicos y nueve directores de distrito. Hubo una escasez notoria de defensores públicos en las áreas rurales; la CIDH informó que sólo el 3 por ciento de los municipios tenían un defensor público.

El CPP también reconoce formas tradicionales de resolución de conflictos (justicia comunitaria) de las comunidades indígenas, siempre que la resolución adoptada no entre en conflicto con los derechos y las disposiciones establecidas por la Constitución.

El sistema de justicia militar fue generalmente susceptible a la influencia de niveles jerárquicos y tendió a evitar que se dictaran fallos que hubieran afectado el honor de las Fuerzas Armadas. Cuando un militar es acusado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones militares, el comandante de la unidad afectada designa a un oficial para llevar a cabo una investigación y preparar un informe. Los resultados son remitidos a un asesor jurídico, generalmente en nivel de División, quien recomienda se emita el fallo de inocencia o de culpabilidad. En casos de infracciones mayores o graves, el caso es remitido a un tribunal militar. Las autoridades reconocieron la existencia de conflictos de jurisdicción militar y civil en ciertos casos relacionados con los derechos humanos. Una decisión del Tribunal Constitucional de 2004 dispone que el personal militar debe ser juzgado en cortes civiles por violaciones a los derechos humanos. Durante el año, las Fuerzas Armadas organizaron doce seminarios sobre derechos humanos en diferentes ciudades y un seminario sobre la puesta en práctica de un documento de consenso sobre los derechos humanos.

Prisioneros y Detenidos Políticos

No hubo informes acerca de la existencia de prisioneros o detenidos políticos.

Procedimientos y Reparaciones Judiciales Civiles

Hay un sistema judicial independiente e imparcial para materias civiles. La ley dispone reparaciones penales para violaciones de derechos humanos y a la conclusión de un juicio penal, el agraviado puede iniciar un juicio civil para exigir reparaciones. Administrativamente, el Defensor del Pueblo puede emitir resoluciones sobre casos específicos de derechos humanos, las cuales el gobierno puede hacer cumplir.

f. Interferencia arbitraria en la Privacidad, la Familia,
el Hogar o la Correspondencia

La ley prohíbe tales acciones y aunque el gobierno en general respetó esas prohibiciones, hubo acusaciones fidedignas de que las fuerzas de seguridad entraron sin autorización en domicilios privados en las regiones del Chapare y los Yungas. Los residentes en áreas donde se cultiva coca generalmente fueron renuentes a denunciar o iniciar procesos formales contra las fuerzas de seguridad. Quienes participaron en actividades de desarrollo alternativo también fueron renuentes a presentar denuncias formales contra los cultivadores de coca debido al temor a represalias por parte de los sindicatos de cocaleros.

Sección 2 Respeto a los Derechos Civiles, Incluyendo:

a. Libertad de Expresión y de Prensa

La ley dispone la libertad de expresión y de prensa. Aunque el gobierno generalmente respetó estos derechos en la práctica, criticó públicamente a la prensa.

El número de medios de comunicación, incluyendo los medios impresos, televisión y radio fue grande y continuó una saludable emisión de diversos puntos de vista, muchos expresando su oposición al gobierno. Los periodistas estuvieron deficientemente capacitados; fue común que ellos mezclaran noticias con opinión editorial. Aunque el nivel de la retórica contra la prensa por parte del gobierno y las expresiones de preocupación acerca de la libertad de prensa por parte de los medios de comunicación y otros permanecieron en un nivel alto, el gobierno no tomó ninguna acción legal o administrativa contra el sector de los medios.

Las críticas del gobierno a la prensa se incrementaron en frecuencia y tono tras la posesión del presidente Morales en enero. Algunos dueños de medios de comunicación se opusieron a las políticas del gobierno y publicaron noticias parciales reflejando sus perspectivas. El gobierno particularizó medios específicos, especialmente aquellos con sede en la zona oriental y declaró públicamente su oposición a ellos. El 8 de mayo, el presidente declaró enemigo del gobierno al dueño de Unitel, una red de medios de gran tamaño con sede principal en Santa Cruz. Después, el 1 de junio el presidente Morales pidió a periodistas de Unitel identificarse ante una gran audiencia de miembros del partido MAS antes de atacar verbalmente a Unitel. El 5 de junio, agentes a cargo de la seguridad presidencial atacaron a cerca de una docena de periodistas durante una ceremonia en Caracollo, Oruro.

El 20 de septiembre, el vicepresidente García Linera pidió a los representantes de los medios de comunicación salir de un recinto antes de dirigirse en privado a miembros de sindicatos de la región oriental. Mientras los periodistas intentaban salir, los sindicalistas los golpearon con varas de plástico. El 29 de septiembre, la Asociación Interamericana de Prensa denunció que el gobierno era responsable por las crecientes tensiones con la prensa y expresó preocupación acerca de los comentarios del Presidente en sentido de que la mayoría de los medios de comunicación eran el enemigo principal.

El 1 de octubre, el semanario El Juguete Rabioso, fundado por uno de los principales asesores del presidente Morales, Walter Chávez, publicó largos informes cuestionando la imparcialidad de los medios de comunicación y acusándolos de ser parte de una conspiración contra el Presidente.

El 12 de octubre, el Relator Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión publicó su informe trimestral mencionando la preocupación existente en relación con los ataques a periodistas en el país. Por otra parte, Reporteros sin Fronteras (RSF), en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elogió al país por el nivel de libertad que disfrutaban sus periodistas. RSF dijo, sin embargo, que “la creciente polarización entre los medios estatales y privados y entre defensores y oponentes del presidente Morales podría complicar la situación”. El informe de RSF cubrió el período de 12 meses anterior al 1 de septiembre. El 14 de diciembre, RSF publicó un comunicado declarando su “profunda preocupación” debido a que los medios se estaban convirtiendo en blanco principal de la violencia entre defensores y detractores del gobierno. Además de citar casos de ataques por grupos pro-gubernamentales, RSF mencionó el ataque con una bomba incendiaria, ocurrido el 8 de septiembre, contra la estación de televisión estatal en Santa Cruz por parte de miembros no identificados de la Unión Juvenil Cruceñista, como una muestra de los ataques de parte de grupos antigubernamentales.

A finales de noviembre el periódico El Nuevo Día, con el apoyo de la Asociación Nacional de Prensa y grupos de derechos humanos, presentó una queja contra el Viceministro del Interior Rubén Gamarra después que su periodista José Antonio Quisbert fuera arrestado mientras investigaba denuncias de corrupción en el Servicio de Migración.

Las estaciones de radio y televisión estatales y privadas en general funcionaron libremente. Sin embargo, hubo informes de que periodistas que intentaban grabar o informar acontecimientos, especialmente los relacionados con los movimientos sociales, fueron amenazados o lesionados por individuos particulares o grupos no gubernamentales con una perspectiva crítica hacia su trabajo periodístico. El 13 de octubre, grupos pro-gubernamentales atacaron a reporteros en Cochabamba y Santa Cruz. El 13 de noviembre, 10 oficiales de policía atacaron al reportero de EFE Martín Alípaz mientras trataba de cubrir una protesta en Konani. Los policías también tomaron la tarjeta de memoria de su cámara.

La ley dispone que las personas halladas culpables de insultar, difamar o calumniar a funcionarios públicos por cumplir sus deberes pueden ser encarceladas por un tiempo que varía entre un mes a dos años. Los insultos dirigidos contra el Presidente, el Vicepresidente o un Ministro, incrementan la pena en una mitad adicional al tiempo de la misma. Los periodistas acusados de haber violado la Constitución o los derechos de los ciudadanos, son remitidos al Tribunal de Imprenta, un cuerpo independiente autorizado para evaluar las prácticas periodísticas. Aunque casi no hubo casos presentados ante el Tribunal, en 2005 el Tribunal conoció el caso de una denuncia de difamación presentada por un candidato político contra una revista.

Libertad de Internet

No hubo restricciones gubernamentales al acceso a Internet o informes de que el gobierno monitoreaba la comunicación por correo electrónico o los foros de conversación en Internet. Individuos y grupos pudieron participar en la expresión pacífica de sus opiniones a través del Internet, incluyendo a través del correo electrónico.

Libertad Académica y de Acontecimientos Culturales

No hubo restricciones gubernamentales en contra de la libertad académica o actividades culturales. A principios del año, los planes gubernamentales acerca de la estandarización del currículum en las escuelas privadas y religiosas fueron recibidos con una extendida crítica del público. El gobierno prohibió la importación de libros, revistas y material pornográfico.

b. Libertad de Reunión y Asociación Pacífica

Libertad de Reunión

La ley dispone la libertad de realizar reuniones pacíficas y las autoridades generalmente respetaron este derecho en la práctica. Aunque la ley exige un permiso para la mayoría de las manifestaciones, las fuerzas de seguridad raramente aplicaron la ley y la mayoría de los manifestantes llevaron adelante sus protestas sin obtener permisos, bloqueando frecuentemente las principales avenidas y carreteras.

El 9 de junio, el oficial de policía Santiago Orocondo Arevillca, que se encontraba fuera de servicio, fue muerto durante una confrontación con fuerzas de seguridad cuando el gobierno retiró a 7.000 avasalladores de tierras asentados en terrenos de propiedad privada en Oruro. Orocondo Arevillca, quien estaba participando en una protesta con un grupo denominado “Movimiento Sin Techo”, fue muerto cuando fuerzas de seguridad intentaron dispersar a la multitud con gases lacrimógenos. Otras doce a quince personas resultaron lesionadas. Aunque las circunstancias de la muerte de Orocondo Arevillca no fueron claras, el caso permaneció bajo investigación (véase la sección 1.a.).

El 5 de diciembre, seguidores del MAS intentaron sin éxito irrumpir en una iglesia de La Paz donde varios activistas estaban llevando a cabo una huelga de hambre en apoyo al pedido de la oposición de una votación por dos tercios para todas las decisiones de la Asamblea Constituyente. Después que el gobierno anunció que estaba retirando la protección policial de la iglesia, manifestantes del MAS retornaron el 6 de diciembre, se abrieron paso y persiguieron a las personas en huelga de hambre. También el 6 de diciembre, defensores del MAS en Los Yungas que se oponían al requisito de los dos tercios de votos secuestraron al prefecto de La Paz José Luis Paredes y lo retuvieron por diez horas en un esfuerzo infructuoso por obligarlo a apoyar el voto por simple mayoría. Las fuerzas de seguridad no intervinieron.

Libertad de Asociación

La ley dispone la libertad de asociación y las autoridades respetaron en general este derecho en la práctica.

c. Libertad de Culto

La ley reconoce la libertad de culto y el gobierno en general respetó este derecho en la práctica. El catolicismo romano predomina, y la Constitución lo reconoce como religión oficial. La Iglesia Católica Romana recibió el apoyo del gobierno (aproximadamente 300 sacerdotes recibieron pequeñas remuneraciones) y ejerció un grado limitado de influencia política. En ocasiones, funcionarios gubernamentales criticaron a la Iglesia Católica. En respuesta a las preocupaciones de la iglesia sobre las reformas educativas propuestas, el Ministro de Educación Félix Patzi llamó a la iglesia aliada de la oligarquía que había dominado al país por 500 años.

Las organizaciones religiosas no-católicas, incluyendo los grupos misioneros, deben inscribirse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y obtener una autorización para contar con una representación religiosa legal. Hubo 622 grupos religiosos reconocidos en el registro. El Ministerio no puede negar la inscripción a estos grupos basándose en los artículos de fe de una organización, pero el proceso legal puede llegar a ser lento y costoso, lo cual ocasiona que algunos grupos renuncien a inscribirse y que desempeñen sus actividades informalmente, sin obtener ciertos beneficios impositivos y arancelarios. La mayoría de los grupos religiosos inscritos se identifican como protestantes o evangélicos.

Discriminación y Abusos Sociales

No hubo informes de violencia, acoso o discriminación social contra miembros de grupos religiosos durante el año. No hubo informes de actos de antisemitismo. Existe una pequeña comunidad judía.

Para una descripción más detallada, véase el Informe sobre Libertad de Culto Internacional 2006.

d. Libertad de Movimiento dentro del País, Viajes al
Exterior, Emigración y Repatriación

La ley reconoce estos derechos y el gobierno generalmente los respetó en la práctica. Sin embargo, manifestantes bloquearon las carreteras principales varias veces en diferentes lugares a lo largo del país. Los bloqueos en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba, por parte de productores de coca, el partido Movimiento Al Socialismo (MAS), mineros y grupos sociales causaron pérdidas económicas.

Aunque el gobierno no revocó ciudadanías por razones políticas o de otra índole, una cantidad aproximada 792.700 ciudadanos carecieron de los documentos de identidad básicos, lo cual les impidió obtener documentos para realizar viajes internacionales y recibir otros servicios gubernamentales.

La ley prohíbe el exilio forzoso de los ciudadanos y el gobierno no hizo uso de éste.

Protección de los Refugiados

La ley contempla el otorgamiento de la condición de asilado o refugiado según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 y el gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno proporcionó protección contra la devolución (refoulement), el regresar a las personas a un país donde temen ser perseguidas. Sin embargo, el 24 de diciembre, el gobierno detuvo y expresó su intención de deportar al disidente cubano Amauri Sanmartino a Cuba por sus declaraciones y por su participación en una protesta violenta contra el gobierno. Aunque Sanmartino era un residente en Bolivia y no un refugiado, gobiernos anteriores habían acordado protegerlo y no retornarlo a Cuba debido a su temor a sufrir persecución en ese país. A finales del año el gobierno acordó deportar a Sanmartino a otro país.

El gobierno tiene un sistema para determinar quiénes necesitan protección como refugiados o asilo. El gobierno trabajó en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con otras organizaciones humanitarias proporcionando apoyo a los refugiados y personas en busca de asilo; sin embargo, el gobierno no había aceptado todavía a ninguna de las 22 personas que solicitaron la condición de refugiados en 2004, en parte debido a demoras burocráticas. Durante el año 59 personas solicitaron estatus de refugiados y el gobierno otorgó protección de refugiados en 34 de esos casos.

Hubo preocupaciones sobre la posibilidad de que el sistema de refugiados se haya politizado. En mayo la policía arrestó a Angel Acosta y Blas Franco, dos fugitivos paraguayos con órdenes de arresto de INTERPOL por su participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, pero poco después fueron puestos en libertad. Los dos individuos habían buscado y recibido un estatus de protección, a pesar que el gobierno conocía la orden de arresto paraguaya. En julio, después de una amplia cobertura en los medios, el gobierno revirtió su posición y canceló su estatus de protección.

Sección 3 Respeto a los Derechos Políticos: El Derecho de los
Ciudadanos a Cambiar su Gobierno

La ley reconoce a los ciudadanos el derecho de cambiar su gobierno pacíficamente, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres e imparciales llevadas a cabo según los principios del sufragio universal. Sin embargo, aproximadamente 400.000 ciudadanos en edad de votar carecieron de los documentos de identidad necesarios para votar. A mediados del año el gobierno de Morales estaba realizando un esfuerzo por entregar cédulas de identidad, con asistencia venezolana, con la meta declarada de mejorar el acceso de las personas a los documentos de identificación. Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas desde la extrema izquierda hasta los de derecha moderada llevaron a cabo sus actividades abiertamente. Las elecciones para funcionarios de los gobiernos central y municipal se llevan a cabo cada cinco años.

Elecciones y Participación Política

El 2 de julio, el país tuvo elecciones nacionales, que fueron en general consideradas libres e imparciales, para la Asamblea Constituyente. La participación de los votantes fue de 83.65 por ciento.

En elecciones nacionales realizadas en diciembre de 2005, los ciudadanos eligieron a Evo Morales Ayma presidente en un proceso en general considerado libre e imparcial, a pesar de denuncias de irregularidades menores en el registro principal de votantes. La participación de los votantes alcanzó un nivel récord de 84.5 por ciento. Una ley de 2004 permitió a pequeños grupos ciudadanos e indígenas participar en las elecciones como partidos políticos y elevó significativamente la participación de los votantes en las elecciones de 2005.

Aunque la ley establece que cada tercer candidato que aparece en una lista partidaria debe ser mujer, las mujeres desempeñaron sólo un 24 por ciento de los cargos públicos. Mujeres dedicadas a la actividad política informaron que los partidos políticos frecuentemente cumplían con la cuota requerida al momento de presentar las listas de candidatos, pero que subsecuentemente presionaban a las candidatas mujeres a renunciar a sus candidaturas antes de la elección.

Adicionalmente, de cada dos candidatos en las listas para las elecciones municipales uno debe ser mujer; este requisito amplió la representación femenina hasta aproximadamente un 30 por ciento de los puestos de concejales municipales. Hubo 23 mujeres entre los 157 diputados y senadores; hubo 4 mujeres en el gabinete de 18 miembros del Presidente Morales. Una mujer indígena presidió la Asamblea Constituyente. Aproximadamente la mitad de los miembros del gabinete se consideraban indígenas y el número de miembros indígenas del Congreso fue estimado en 17 por ciento, un porcentaje difícil de confirmar ya que la identificación de una persona como indígena es un asunto que cada persona declara.

Corrupción y Transparencia Gubernamental

Según la ONG Transparencia Internacional, hubo una percepción pública de una corrupción extendida en el país. El Índice Nacional de Corrupción preparado por el gobierno informó que 13 de cada 100 transacciones públicas involucraba el pago de un soborno que le costaba al país aproximadamente $us115 millones (Bs.905 millones) anualmente. Según este índice, la corrupción afectó desproporcionadamente a las personas de menores ingresos y la Policía Nacional, aduanas y el sistema judicial se clasificaron como las instituciones más corruptas.

En casos que implican acusaciones de corrupción contra funcionarios públicos, el Congreso debe dar su aprobación antes que los fiscales puedan iniciar procedimientos de enjuiciamiento. Las autoridades denunciaron que hasta 16 ex y actuales miembros del Congreso utilizaron su influencia en la venta de 322 visas a ciudadanos chinos. El 1 de noviembre, las autoridades pusieron a Oscar de la Quintana, cónsul en Beijing durante el tiempo en que ocurrió el escándalo de las visas, en detención preventiva y lo acusaron de cinco delitos, incluyendo tráfico y trata de personas, prácticas de contratación inapropiadas (por contratar tres ciudadanos chinos ilegalmente) y por incumplimiento de sus deberes. El 6 de noviembre, acusaron a 12 ex parlamentarios (todos de partidos de oposición) por tráfico de influencias, mientras que un parlamentario del MAS que estaba entre quienes solicitaron el mayor número de visas sospechosas no fue acusado.

El 28 de agosto, Jorge Alvarado, director de la compañía estatal de petróleo y gas renunció ante acusaciones de corrupción relacionadas con su aprobación de un contrato con Iberoamerica Trading SRL que habría exportado ilegalmente petróleo a Brasil. A pesar de haberse hallado irregularidades administrativas, los cargos contra Alvarado fueron retirados.

En septiembre la prensa informó que el Ministro de Educación Félix Patzi había autorizado la compra de computadoras en violación de las normas gubernamentales de adquisición, pero no hubo evidencia de que el caso haya sido procesado hacia finales del año.

No hubo información específica disponible sobre leyes que disponen el acceso a la información gubernamental o acerca de si el gobierno otorgó dicho acceso en la práctica.

Sección 4 Actitud del Gobierno Referente a la Investigación
Internacional y No-gubernamental de Supuestas
Violaciones a los Derechos Humanos.

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos en general llevaron a cabo sus actividades sin restricción gubernamental, investigando y publicando los resultados de sus hallazgos sobre casos relacionados con los derechos humanos. Los funcionarios de gobierno generalmente cooperaron y se interesaron en sus puntos de vista; sin embargo, las ONG y el Defensor del Pueblo se quejaron de que en ocasiones las fuerzas de seguridad y los ministerios del gobierno se negaron a cooperar con sus investigaciones. Las fuerzas de seguridad continuaron proporcionando evidencias creíbles de que grupos radicales utilizaban algunas ONG como una fachada para encubrir actividades subversivas.

El Defensor del Pueblo es un cargo de cinco años establecido por la Constitución. El Congreso elige al Defensor del Pueblo, quien está a cargo de supervisar la defensa y promoción de los derechos humanos, específicamente para defender a los ciudadanos de abusos por parte del gobierno. El Defensor del Pueblo trabajó sin influencias de partidos y con los recursos adecuados provenientes del gobierno y ONG extranjeras. Los indígenas presentaron la mayoría de las denuncias recibidas por el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo publica informes anuales y el gobierno generalmente acepta sus recomendaciones.

El 7 de diciembre, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, un grupo antigubernamental, atacó al presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Santa Cruz, una ONG.

El Centro de Justicia y Derechos Humanos de Chimoré continuó activo en la región del Chapare y expandió su papel para constituirse en un “Centro Integrado de Justicia” que incluye la resolución de conflictos. Se abrieron nuevas oficinas en la ciudad de El Alto y en los Yungas. Estas oficinas informaron sobre los resultados de sus investigaciones al Ministerio de Justicia, difundieron información sobre derechos humanos, recibieron denuncias de abusos cometidos, mantuvieron registros y remitieron las denuncias al Ministerio Público. El Centro Integrado de Justicia también contó con la asistencia de un experto en medicina forense y personal de investigación para revisar las denuncias. La mayor parte de los casos recibidos durante el año estuvieron relacionados con actos de violencia intrafamiliar contra mujeres y niños.

Sección 5 Discriminación, Abusos Sociales y Trata y Tráfico de
Personas

Aunque la ley prohíbe la discriminación por raza, género, idioma o posición social, hubo discriminación significativa contra las mujeres, los indígenas y la pequeña minoría afro-boliviana.

Mujeres

La violencia contra las mujeres fue un problema persistente y no denunciado adecuadamente. Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), el 70 por ciento de las mujeres sufrieron algún tipo de abuso. El CIDEM señaló que las estadísticas “no reflejan la magnitud real del problema de la violencia contra la mujer” y que “una gran cantidad de mujeres” no denunciaron la agresión que sufrían de manera diaria. La más completa encuesta nacional sobre violencia doméstica realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 2003 reveló que el 64 por ciento de las mujeres eran objeto de alguna forma de abuso emocional, físico o sexual por parte de sus parejas.

Las leyes de familia que prohíben la violencia psicológica, física y sexual establecen multas o sanciones de hasta 4 días de arresto, a menos que el caso se convierta en un caso criminal sujeto al Código Penal; sin embargo, estas leyes se cumplieron de manera irregular. El gobierno tomó pocos pasos significativos o concretos para combatir la violencia intrafamiliar. Hasta el 26 de noviembre, la Brigada de Protección a la Familia de la policía había atendido 8.954 casos, en comparación con 5.200 casos en el año 2005; 3.640 fueron casos de agresores reincidentes. Sin embargo, la mayor parte de los casos de violencia intrafamiliar no fueron denunciados.

El delito de violación fue también un problema serio pero no denunciado adecuadamente. La ley define dos tipos de casos penales. En materia penal privada, la víctima presenta su caso contra el acusado; en materia penal pública, un fiscal presenta los cargos penales. El CPP caracteriza a la violación de un menor como un delito público. La ley, modificada durante el transcurso del año, criminaliza el estupro, con penas de 10 a 20 años de prisión por la violación de una persona menor de 14 años. En casos que involucran relaciones sexuales consentidas con un adolescente de 14 a 18 años de edad, la pena es de 2 a 6 años de cárcel. La violación forzada de una persona adulta es sancionada con sentencias que van de 4 a 10 años de cárcel. Los crímenes sexuales contra menores son automáticamente considerados crímenes públicos en los cuales el Estado presenta los cargos. La violación por parte del cónyuge no se considera un crimen.

La prostitución es legal para adultos a partir de los 18 años de edad, y hubo informes de trata y tráfico de mujeres con la finalidad de prostituirlas y someterlas a trabajos forzados. (Véase la sección 5, Trata y Tráfico).

El CPP considera al acoso sexual como delito civil. No hubo estadísticas sobre la incidencia de acoso sexual pero en general se reconoce que este problema está ampliamente extendido.

Las oficinas de servicios legales dedicadas a la familia y a los derechos de la mujer funcionaron en todo el país. El programa de seguro de salud materno infantil proporcionó servicios en salud a las mujeres en edad reproductiva y a los menores de 5 años de edad.

Las mujeres tuvieron los mismos derechos legales que los hombres; sin embargo, muchas mujeres no estuvieron enteradas de sus derechos legales, aunque el gobierno auspició seminarios educativos para mujeres. El Viceministerio de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible [ahora bajo el Ministerio de Justicia], protege los derechos legales de las mujeres. En general, las mujeres no gozaron de la misma condición social que los hombres. Los prejuicios tradicionales y las condiciones sociales continuaron siendo un obstáculo para su desarrollo. En áreas rurales, las costumbres tradicionales que restringen el derecho de la mujer a recibir tierras como herencia continuaron siendo un problema. La ley del salario mínimo trata a hombres y mujeres en forma igualitaria; no obstante, las mujeres generalmente ganaron menos que los hombres por realizar un trabajo igual. En ocasiones las mujeres se quejaron de que los empleadores fueron renuentes a contratarlas debido a los costos adicionales (principalmente el de maternidad) en el paquete de beneficios laborales para las mujeres. Las mujeres trabajadoras enfrentan discriminación con respecto a algunos beneficios: no están legalmente capacitadas para buscar cobertura de seguro para los esposos que no trabajan, aunque un hombre casado puede obtener cobertura de seguro para su esposa que no trabaja. La brecha de género en la contratación pareció darse en mayor escala en los segmentos con educación superior. La mayoría de las mujeres en las áreas urbanas trabajó en la economía informal y en los sectores de servicios y comercio, incluyendo en el servicio doméstico y en el sector de la micro empresa, mientras que en áreas rurales, la mayoría de las mujeres económicamente activas trabajó en la agricultura. A menudo las jóvenes abandonaron tempranamente la escuela para trabajar en el hogar o en la economía informal.

Los grupos líderes a favor de los derechos de la mujer incluyeron a Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, que se enfoca en las mujeres indígenas de las áreas rurales y el CIDEM.

Niñez

El compromiso del gobierno con los derechos y el bienestar de la niñez fue insuficiente para mejorar las condiciones de una manera notoria. Existieron siete Defensorías de la Niñez y la Adolescencia para proteger los derechos e intereses de los niños.

Se proporcionó educación pública hasta la edad de 17 años o el octavo grado; la ley requiere que los niños completen por lo menos 5 años de escuela primaria y la educación primaria es gratuita y universal. La aplicación de las leyes relacionadas con la educación fue débil, particularmente en las áreas rurales, donde más de la mitad de las escuelas primarias ofrecieron sólo tres de los ocho grados escolares. Una cantidad estimada de 50 por ciento de los niños completó la escuela primaria y un monto estimado de 26 por ciento se graduó de la escuela secundaria. En octubre el gobierno anunció que daría un subsidio de $US25 (Bs.200) a todos los estudiantes de escuela primaria para contribuir a pagar gastos relacionados con sus estudios. No hubo diferencias de género importantes en cuanto al acceso a la educación básica, aunque el abandono escolar entre las niñas continuó siendo mayor que el de los niños, particularmente en áreas rurales.

La atención médica es gratuita hasta la edad de 5 años y no hubo una diferencia evidente en el acceso a la misma sobre la base del género. Centros piloto ofrecieron atención de salud subvencionada a niños mayores de cinco años, aunque en las áreas rurales los consultorios médicos a menudo no estuvieron disponibles. Muchos niños, particularmente en las áreas rurales, no tuvieron certificados de nacimiento y los documentos de identidad que necesitaban para asegurar sus beneficios y protección sociales. El gobierno, con la ayuda de gobiernos extranjeros y diversas ONG, logró algún progreso en proporcionar esos documentos sin costo.

El castigo corporal y el abuso verbal fueron elementos comunes en las escuelas. Los niños de 11 a 16 años pueden ser detenidos indefinidamente en centros para menores por presuntos delitos o para velar por su propia protección, por medio de una orden expedida por una trabajadora social. En 2005 el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) estimó que aproximadamente 13.000 niños vivían en instituciones donde sus derechos básicos no eran respetados. También hubo muchos niños viviendo en las calles de las ciudades principales.

La prostitución infantil fue un problema, particularmente en áreas urbanas y en la región del Chapare. Hubo reportes sobre la existencia de trata y tráfico de niños hacia países limítrofes para someterlos a trabajo en condiciones de explotación (véase la sección 5, Trata y Tráfico).

El trabajo infantil fue un serio problema (véase la sección 6.d.).

Varias ONG contaron con programas activos para combatir la prostitución infantil. El plan del gobierno para combatir el trabajo infantil incluyó una campaña de información pública contra la prostitución infantil e incursiones en prostíbulos.

Trata y Tráfico de personas

El 10 de enero, el presidente Rodríguez firmó una nueva ley prohibiendo la trata y tráfico de personas, que específicamente criminaliza la trata y tráfico de personas con el fin de prostituirlas y dispone penas de prisión de cuatro a doce años cuando la víctima es menor de 14 años de edad. Sin embargo, hubo informes fidedignos de que hubo personas víctimas de trata y tráfico hacia, desde y dentro del país. El gobierno investigó 44 casos de trata de personas; si bien hubo algunos arrestos, no se registraron sentencias.

El país es una fuente de origen para la trata y tráfico de hombres, mujeres y niños con la finalidad de utilizarlos en trabajos forzados y en explotación sexual en países como Argentina, Chile, Brasil, España y Estados Unidos; sin embargo, no existieron cifras confiables sobre la dimensión de la trata y tráfico de personas. Al enfrentar una situación de extrema pobreza, muchos ciudadanos se convirtieron en emigrantes económicos y algunos fueron víctimas de tratantes cuando se trasladaban del área rural hacia las ciudades y posteriormente fuera del país. Las mujeres y los niños, especialmente de los grupos étnicos indígenas del Altiplano, corrieron un riesgo mayor de convertirse en víctimas. Menores de edad fueron víctimas de trata de personas dentro del país para trabajar en la prostitución, en las minas, en la servidumbre doméstica y en la agricultura, especialmente en la zafra de la caña de azúcar y castaña. Los débiles controles en sus extensas fronteras hicieron que el país fuera un punto de tránsito fácil para inmigrantes ilegales, algunos de los cuales podrían haber sido objeto de trata. La explotación comercial sexual de los niños también continuó siendo un problema.

Aunque hubo denuncias sobre la venta de algunos adolescentes para ser sometidos a trabajo forzado, parece que la mayoría de las víctimas fueron inicialmente personas que emigraban voluntariamente por razones económicas, que fueron engañadas o posteriormente obligadas a aceptar una actividad que se convirtió en trabajo forzado.

El Ministerio de la Presidencia, a través de un comité interinstitucional, tiene la responsabilidad de manejar los asuntos de trata y tráfico de personas. El Ministerio de Gobierno, incluyendo la Policía Nacional y el Servicio de Migración, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y Desarrollo Sostenible, así como las prefecturas y municipios, tienen una responsabilidad auxiliar.

Aparentemente algunos funcionarios gubernamentales aceptaron sobornos para facilitar el contrabando y el movimiento ilegal de personas; sin embargo, el gobierno no condonó ni facilitó la trata y tráfico de personas y en 2005 destituyó por lo menos a dos empleados de migración con grados jerárquicos altos por sospecha de corrupción. No se supo si alguno de estos empleados despedidos estuvo acusado de participar en trata y tráfico de personas. El gobierno también adoptó medidas, como la de crear un sistema de controles y revisiones en puestos oficiales de control fronterizo y en los aeropuertos, a fin de reducir la corrupción entre funcionarios judiciales responsables por emitir autorizaciones de viaje al exterior a menores de 18 años que viajan sin acompañantes.

En junio el prefecto de La Paz abrió un refugio para niños abusados y explotados que también brindó servicios para víctimas de tráfico y trata de personas. En noviembre la policía asistió a un seminario sobre trata y tráfico de niños y adolescentes.

Las Defensorías de la Niñez en los municipios, algunas veces en cooperación con ONG, administraron programas dispersos de asistencia para las víctimas.

Las ONG Terre des Hommes, Organización Internacional para las Migraciones y Save the Children llevaron a cabo campañas de concienciación pública sobre la trata y tráfico de niños.

Personas Discapacitadas

La ley prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidades e identifica los derechos y beneficios otorgadas a ellas. Un decreto de 1997 aclara estos derechos y establece cómo las instituciones públicas y privadas deben integrar a las personas con discapacidades. No hubo discriminación oficial contra las personas con discapacidades en el trabajo, educación, acceso a la atención de salud o la provisión de otros servicios estatales. Sin embargo, la discriminación de la sociedad contra las personas discapacitadas mantuvo a muchas de ellas en sus hogares desde temprana edad, restringiendo su integración en la sociedad. La Ley del Discapacitado prevé la existencia de accesos para sillas de ruedas en todos los edificios públicos y privados, establece la importación libre de impuestos para artefactos ortopédicos, reduce en un 50 por ciento el costo del transporte público y amplía la enseñanza del lenguaje de señas y del sistema Braille.

El Código Electoral requiere que se instalen mecanismos adecuados para los votantes ciegos; sin embargo, en general no existieron servicios o infraestructura especiales para brindar mejor servicio a los discapacitados. Un Decreto Supremo de 2003 que requiere que el 4 por ciento de los nuevos contratados sean personas con discapacidades no había sido aplicado estrictamente hasta finales del año.

Durante el año el Defensor del Pueblo desarrolló un plan para promover la integración de las personas con discapacidades en la sociedad, el cual fue adoptado por el gobierno por medio de un decreto supremo.

La Comisión Nacional del Discapacitado fue comisionada para velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidades.

Minorías Nacionales, Raciales y Étnicas

Hubo discriminación de la sociedad contra la pequeña minoría afro-boliviana, que generalmente permanece en el segmento más bajo de la escala socioeconómica y enfrenta graves desventajas en cuanto a salud, esperanza de vida al nacer, educación, ingresos, alfabetización y empleo. La mayor parte de este grupo, que se estima está conformado por 35,000 ciudadanos, vive en la región de los Yungas en el Departamento de La Paz.

Pueblos Indígenas

Según el censo del 2001, aproximadamente el 62 por ciento de la población mayor a los 15 años de edad se identificó como indígena, principalmente de los grupos quechua y aymara. La CIDH informó que aproximadamente 70 por ciento de esas personas indígenas vivían en la pobreza o en la extrema pobreza, con poco acceso a la educación o a servicios mínimos para sustentar la salud humana, como agua potable limpia y sistemas sanitarios.

Los manifestantes indígenas fueron los protagonistas principales de los acontecimientos que condujeron a la elección del primer presidente indígena del país, Evo Morales. La Ley de Reforma Agraria dispone que las comunidades indígenas obtengan títulos legales sobre sus tierras comunitarias y que los agricultores individuales tengan títulos de las tierras en las que trabajan. Los pueblos indígenas realizaron protestas debido a que el gobierno no les proveyó títulos para todos los territorios que reclaman; también objetaron la explotación externa de sus recursos. Campesinos indígenas ocuparon ilegalmente varias propiedades privadas que pertenecían mayormente a ex funcionarios gubernamentales, a menudo con el respaldo del Movimiento Sin Tierra.

Los grupos indígenas aprovecharon la Ley de Participación Popular para formar municipios que les brindaran mayores oportunidades para su autodeterminación. Varios partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y varias ONG promovieron activamente los derechos de las personas indígenas, aunque el progreso fue mínimo. El CPP reconoce las formas tradicionales para la resolución de conflictos de las comunidades indígenas (véase la sección 1.e.).

Los pueblos indígenas siguieron careciendo de una representación proporcional en el gobierno y la política; asimismo, los grupos indígenas soportaron una carga desproporcionada de pobreza y desempleo. Además, los servicios educativos y de salud del gobierno no estuvieron disponibles para muchos grupos indígenas que viven en áreas remotas (véase las secciones 2.d., 3 y 4).

Sección 6 Derechos de los Trabajadores

a. Derecho de Asociación

Si bien la ley permite a los trabajadores formar sindicatos y afiliarse a ellos, en la práctica este derecho permaneció limitado debido a la ineficiencia de los juzgados laborales y a disposiciones inadecuadas del gobierno. Aproximadamente el 25 por ciento de los trabajadores en la economía formal, que dio empleo a aproximadamente 30 por ciento de todos los trabajadores, son miembros de algún sindicato.

Los trabajadores pueden organizar un sindicato en cualquier empresa privada con 20 trabajadores o más; sin embargo, aproximadamente 70 por ciento de los trabajadores estuvieron empleados en pequeñas empresas que tienen menos de 20 empleados. Los trabajadores del sector público también tienen el derecho a formar un sindicato. La ley requiere una autorización previa del gobierno para establecer un sindicato y confirmar a sus líderes elegidos, permite sólo un sindicato por empresa y permite al gobierno disolver los sindicatos mediante una resolución administrativa.

La ley prohíbe la discriminación contra los sindicatos y requiere la recontratación de los empleados despedidos ilegalmente por participar en actividades sindicales. La Corte Nacional del Trabajo atiende las denuncias de discriminación contra los sindicatos, pero puede tardar un año o más en emitir un fallo, debido principalmente a la gran cantidad de casos acumulados. La Corte, en algunos casos, falló a favor de trabajadores que habían sido despedidos y ordenó exitosamente su reincorporación. Sin embargo, líderes sindicales manifestaron que para cuando la corte emitía los fallos, los conflictos a menudo ya estaban resueltos.

b. Derecho a Organizarse y Negociar Colectivamente

La ley otorga a los trabajadores el derecho a organizarse y realizar negociaciones colectivas; sin embargo, las negociaciones colectivas o las negociaciones voluntarias directas entre empleadores y trabajadores sin la participación del gobierno, fueron limitadas. La mayor parte de los acuerdos logrados por negociación colectiva se limitaron a temas salariales.

La ley otorga a la mayoría de los trabajadores el derecho a la huelga pero exige que primeramente los sindicatos acudan a la mediación del gobierno; la ley exige que los empleadores hagan lo propio antes de iniciar un lockout.

Los servicios públicos, incluyendo bancos y mercados públicos tienen prohibido realizar huelgas; sin embargo, los empleados del sector público (incluyendo maestros, transportistas, y trabajadores del sector de la salud) realizaron huelgas frecuentemente. Los trabajadores del sector público no fueron sancionados por haber realizado huelgas en años recientes. Sin embargo, en agosto el gobierno retuvo salarios de los maestros después que realizaran una huelga en protesta por la propuesta gubernamental de reformar las leyes educativas. Las huelgas solidarias son ilegales, pero el gobierno no enjuició ni impuso sanciones en esos casos.

Hubo numerosas huelgas organizadas por una variedad de sectores durante el año. Huelgas y bloqueos masivos, que incluyeron la participación de los movimientos laborales, frecuentemente impidieron viajar por las principales rutas que conectan a las ciudades principales.

No hay leyes especiales o exenciones de las leyes laborales normales en las siete zonas francas del país.

c. Prohibición del Trabajo Forzado u Obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil; sin embargo, continuaron las prácticas de emplear a los niños como aprendices y de la servidumbre agrícola de los trabajadores indígenas, al igual que algunos casos individuales reportados de trabajadoras del hogar a quienes sus empleadores mantuvieron prácticamente en cautiverio (ver las secciones 5 y 6.d.)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que más de 7.000 guaraníes vivían en algún tipo de servidumbre forzada en partes extremadamente remotas de Chuquisaca. Las familias trabajaban tierras de propiedad de terratenientes a cambio de vivienda y comida pero no percibían el salario mínimo. Como resultado, contraían grandes deudas con los terratenientes acreedores y no se les permitía abandonar la propiedad sin pagar su deuda. Estas familias vivían en condiciones de mucha pobreza, sin agua, electricidad, atención médica o escuelas. El Defensor del Pueblo llevó adelante una investigación sobre esta situación y en de noviembre de 2005 emitió una proclama oficial instando a los gobiernos regionales y al gobierno nacional a solucionar el problema. Durante el año el Ministerio de Justicia comenzó negociaciones con propietarios de haciendas para reglamentar las condiciones de trabajo y recuperar los salarios no pagados. El 6 de noviembre, ocho familias guaraníes recibieron el primer monto del arreglo de $US2.875 (Bs.23.000) y lo dividieron entre ellas.

En 2005 la OIT informó que entre 26.000 y 30.000 personas, en su mayoría de origen indígena, eran víctimas de trabajo forzado, cosechando castañas en el Departamento del Beni. El trabajo era estacional, durando aproximadamente tres meses por año. Durante ese tiempo los terratenientes vendían alimentos esenciales a los trabajadores con sobreprecio; en consecuencia los trabajadores contraían grandes deudas y no se les permitía abandonar la propiedad hasta que la deuda fuera pagada. Condiciones similares existieron en la industria de la zafra de caña de azúcar en el Departamento de Santa Cruz.

d. Prohibición del Trabajo Infantil y Edad Mínima para Trabajar

El trabajo infantil constituyó en un serio problema. La ley prohíbe todo trabajo remunerado de menores de 14 años de edad; sin embargo, en la práctica, el Ministerio de Trabajo no hizo cumplir las leyes sobre el trabajo infantil, incluyendo aquellas disposiciones que se refieren a la edad mínima para trabajar, el máximo número de horas autorizado para niños trabajadores, los requisitos de que los niños completen su educación y acerca de las condiciones de salud y seguridad en sus puestos de trabajo. La ley prohíbe una serie de trabajos peligrosos, inmorales e insalubres para menores de 18 años. Las leyes laborales permiten el trabajo de niños entre 12 y 14 años como aprendices, bajo varias restricciones formales, cumplidas en forma muy deficiente, criticadas por la OIT y consideradas por algunos como equivalentes a la esclavitud (véase la sección 6.c.).

El Ministerio de Trabajo es responsable de hacer cumplir las disposiciones sobre el trabajo infantil, pero no las hizo cumplir en todo el país. Según informes del gobierno y de UNICEF aproximadamente 800.000 niños y adolescentes entre las edades de 7 y 19 años realizaron algún tipo de trabajo, lo cual representó un segmento estimado en 32 por ciento de personas dentro de ese grupo de edad. Aunque la ley prohíbe que personas menores de 18 años de edad trabajen en los campos de caña de azúcar, aproximadamente 10.000 niños provenientes de zonas rurales (7.000 de los cuales eran menores de edad) trabajaron en esta actividad. Los niños en el área urbana vendieron mercancías, lustraron zapatos y trabajaron como asistentes de los proveedores de transporte público. Los niños del área rural frecuentemente trabajaron junto con sus padres desde una temprana edad, generalmente en la agricultura de subsistencia. Los niños en general no fueron empleados en fábricas o empresas formales, pero cuando lo fueron, a menudo trabajaron el mismo número de horas que los adultos. Los niños también trabajaron en las minas y en otras ocupaciones peligrosas del sector informal. Narcotraficantes utilizaron niños para transportar drogas. La prostitución infantil continuó siendo un problema (véase la sección 5).

La costumbre tradicional del trabajo del criadito persistió en algunas partes del país. Los criaditos son niños indígenas de ambos sexos, en general de 10 a 12 años, entregados por sus padres a familias de clase media o alta por acuerdo, para que realicen labores en el hogar a cambio de educación, ropa, vivienda y alimentación. Tal trabajo es ilegal, y no hubo controles sobre los beneficios o el tratamiento dado a estos niños.

El gobierno dedicó recursos mínimos a investigar casos de trabajo infantil, pero varias ONG y organismos internacionales, como UNICEF, complementaron los esfuerzos del gobierno.

El gobierno continuó sus esfuerzos para eliminar el trabajo infantil en sus peores formas, en particular a través de un trabajo con varias ONG, para desalentar el uso del trabajo infantil en los sectores de la minería y la industria del azúcar por medio de programas financiados internacionalmente para proporcionar alternativas educativas a niños que de otra manera trabajarían en las minas o en los campos de caña de azúcar.

e. Condiciones Aceptables de Trabajo

El gobierno estableció un salario mínimo para los sectores público y privado por medio de un Decreto Supremo, después de una negociación tradicional con la Central Obrera Boliviana. El salario mínimo fue de $US 55 (436 bolivianos) mensuales y no proporcionó un nivel de vida decente para un trabajador y su familia. La mayoría de los trabajadores del sector formal ganaron más, aunque muchos trabajadores del sector informal ganaron menos. A pesar de que el salario mínimo estuvo por debajo de los salarios predominantes en la mayor parte de los empleos, ciertos cálculos de beneficios fueron añadidos. El salario mínimo no cubrió a la gran cantidad de trabajadores del sector informal.

Las leyes laborales establecen un máximo de 48 horas de trabajo semanales, limitan la jornada laboral de las mujeres a una hora de trabajo menos que la de los hombres y prohíben a las mujeres el trabajo nocturno, ordenan períodos de descanso y establecen el requisito del pago de un monto extraordinario para el trabajo realizado por encima de la norma estándar de trabajo semanal. En la práctica, el gobierno no hizo cumplir estas leyes con eficacia.

La Oficina de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, pero las normas relevantes fueron cumplidas débilmente. Hubo menos de 30 inspectores a lo largo de todo el país. Aunque el gobierno no llevó estadísticas oficiales, hubo informes en sentido de que trabajadores murieron debido a condiciones inseguras de trabajo, particularmente en los sectores de la minería y la construcción. Una comisión nacional tripartita de representantes empresariales, laborales y gubernamentales fue responsable de monitorear y mejorar la seguridad ocupacional y las normas de salud. El Ministerio de Trabajo mantuvo una línea telefónica abierta para responder preguntas de los trabajadores y atender sus denuncias e informes sobre prácticas laborales injustas y condiciones peligrosas de trabajo.

Las condiciones laborales en las minas operadas por cooperativas continuaron siendo malas. Los mineros continuaron trabajando jornadas largas en condiciones peligrosas, insalubres y ganaron relativamente poco por sus esfuerzos; algunos ganaron menos de $US2.71 (21 bolivianos) por una jornada de trabajo de 12 horas. Las condiciones cambiaron poco en las últimas décadas, ya que las cooperativas de mineros independientes carecieron de recursos financieros y técnicos necesarios para mejorar la infraestructura de las minas. Los mineros en dichas cooperativas trabajaron en condiciones peligrosas, insalubres, sin tener períodos de descanso programados durante largos períodos. La ley otorga a los trabajadores el derecho a retirarse de situaciones peligrosas sin temor a perder sus empleos.