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Informe sobre el Tráfico y Trata de Personas
 

BOLIVIA (Nivel 2)

Bolivia es principalmente un país de origen para que hombres, mujeres y niños sean objeto de trata con el fin de ser explotados en condiciones de prostitución forzada y trabajo forzado dentro del país o en el extranjero. Una gran cantidad de ciudadanos bolivianos se encuentran en condiciones de trabajo forzado en Argentina, Brasil, Chile, Perú, España y Estados Unidos, en establecimientos que explotan a los trabajadores, en fábricas y en la agricultura. Dentro del país, mujeres jóvenes y niñas bolivianas de áreas rurales están obligadas a ejercer la prostitución forzada en áreas urbanas. Los integrantes de las comunidades indígenas, particularmente en la región del Chaco, están en riesgo de ser víctimas de trabajos forzados dentro del país. Una cantidad importante de menores bolivianos sufren condiciones de trabajo forzado en la minería, agricultura y como sirvientes domésticos y los informes indican que padres de familia venden o alquilan a sus hijos para ser explotados en trabajo forzado en la minería y la agricultura en áreas cercanas a la frontera con Perú. Los débiles controles a lo largo de las fronteras del país facilitan el tránsito de migrantes indocumentados, algunos de los cuales podrían ser víctimas de trata de personas. En un caso, las autoridades bolivianas identificaron a 26 niños haitianos que estaban en tránsito hacia Brasil para una posible explotación en trabajos forzados o prostitución forzada.

El gobierno de Bolivia no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está llevando a cabo esfuerzos importantes para lograrlo. El gobierno mantuvo esfuerzos importantes de aplicación de la ley en la lucha contra la trata de personas, aunque no aumentó la cantidad de condenas contra perpetradores de trata, que permaneció en un nivel desproporcionadamente bajo en comparación con las altas cifras de víctimas de trata de personas identificadas por las autoridades bolivianas. El gobierno no mostró evidencia de estar enfrentando adecuadamente el trabajo forzoso y los servicios disponibles para las personas sujetas a trabajos forzados y para bolivianos repatriados que fueron víctimas de trata en el extranjero en general fueron inexistentes. Aunque muchas de las iniciativas de Bolivia contra la trata de personas siguieron dependiendo de la financiación de donantes internacionales, el gobierno ha iniciado un proyecto para dedicar una importante cantidad adicional de oficiales encargados del cumplimiento de la ley y de fiscales para llevar a cabo la investigación y enjuiciamiento de delitos de trata durante el próximo año.

Recomendaciones para Bolivia: Intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata de personas, especialmente en la investigación de denuncias de trabajo forzado de adultos y niños; incrementar los esfuerzos para enjuiciar delitos de trata de personas y condenar a los perpetradores de trata, especialmente en casos que implican prostitución forzosa de mujeres adultas o trabajo forzado; ampliar los servicios ofrecidos a las víctimas en todo el país, especialmente a las víctimas de trabajos forzados; dedicar recursos para prestar servicios a las víctimas de trata repatriadas; desarrollar procedimientos formales para identificar víctimas en medio de poblaciones vulnerables; e incrementar la conciencia pública acerca de los peligros de la trata de seres humanos, especialmente entre ciudadanos bolivianos que buscan trabajar en el extranjero.

Enjuiciamiento

El gobierno de Bolivia mantuvo los esfuerzos en la aplicación de la ley contra la trata de personas durante el año pasado, aunque no demostró esfuerzos mayores para enjuiciar y castigar a los culpables de cometer delitos de trata de personas. El gobierno prohíbe todas las formas de trata de seres humanos a través de la Ley 3325, una ley contra la trata de personas promulgada en 2006, que dispone penas de ocho hasta doce de años de prisión, penas que son lo suficientemente severas y conmensurables con aquellas establecidas en las leyes bolivianas para otros delito serios, como la violación. Un proyecto de ley presentado al Congreso de Bolivia el año pasado aumentaría la capacidad del gobierno para realizar investigaciones a fondo y mejoraría el acceso de las víctimas a servicios especializados. La Policía Nacional de Bolivia investigó 288 casos sospechosos relacionados con trata de personas en 2009, un incremento del 26 por ciento superior a la cantidad de investigaciones iniciadas durante el año anterior. El gobierno de Bolivia informó de 21 procesos iniciados y siete delincuentes condenados por trata en 2009; tres de los siete condenados recibieron sentencias suspendidas y fueron puestos en libertad, mientras que las otras sentencias oscilan entre tres y doce años. Estas acciones contrastan con los 64 procesos iniciados y las siete condenas obtenidas en 2008. La mayoría de los esfuerzos del gobierno en la aplicación de las leyes contra la trata se centró en la explotación sexual comercial de niños y no se presentaron cargos por delitos de trata para explotación laboral. El gobierno mantuvo en funcionamiento cuatro unidades especializadas de la policía contra trata en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba e hizo preparativos para abrir seis unidades adicionales a lo largo de las fronteras con Brasil, Argentina y Perú en 2010 con el apoyo de un gobierno extranjero. La Policía Boliviana aumentó las operaciones policiales dirigidas contra los burdeles, lo que dio por resultado el rescate de 287 menores en condiciones de la prostitución forzada, constituyendo un incremento del 33 por ciento respecto al año anterior. Algunas de estas víctimas solicitaron atención en albergues, mientras que otras fueron reintegradas a sus familias. Ninguna investigación o un proceso penal de funcionarios públicos presuntamente involucrados en actividades relacionadas con trata fue iniciada durante el período de este informe.

Protección

El gobierno boliviano mantuvo esfuerzos modestos para proteger a las víctimas de trata de personas durante el último año. Aunque los agentes del orden identificaron a menores víctimas durante operaciones policiales en prostíbulos, el gobierno carece de procedimientos eficaces para identificar a las víctimas de trata en medio de otras poblaciones vulnerables, como los niños trabajadores. Durante el año pasado, agentes del orden apostados a lo largo de las fronteras de Bolivia no trataron de identificar de forma sistemática víctimas de trata entre los bolivianos que emigran, aunque los informes indican que cientos de menores de edad salen del país en circunstancias sospechosas cada mes. En las grandes ciudades, como La Paz y Santa Cruz, el gobierno mantiene pequeños albergues municipales capaces de prestar cuidados a víctimas de trata con fines de explotación sexual en el corto plazo, aunque algunos refugios limitan sus servicios sólo a niñas. Además de investigar y enjuiciar casos, la unidad policial de lucha contra la trata de personas en Santa Cruz proporciona a las víctimas de trata de personas, así como a las víctimas de violencia doméstica, asistencia médica y alojamiento y se la considera un modelo exitoso de atención integral. Los albergues municipales por lo general no pueden, sin embargo, adaptarse a la demanda de todas las formas de servicios que requieren las víctimas y, en la práctica, los servicios se limitan a atender a mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, con un mínimo de recursos disponibles para las víctimas masculinas de trata o para víctimas sometidas a trabajo forzoso. Las víctimas menores de edad pueden recibir cuidados generales en un hogar para niños administrado por el gobierno y organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos proporcionan atención adicional de albergue y programas de formación para la reintegración a las víctimas de trata. Servicios temporales y a largo plazo para las víctimas no son accesibles en algunas partes del país. El gobierno no tiene programas dedicados a ayudar a la cantidad importante de bolivianos víctimas de trata en el exterior que posteriormente son repatriados al país. El gobierno estimula a las víctimas a participar en las investigaciones y enjuiciamientos de los delincuentes acusados de trata, aunque las víctimas a menudo no lo hacen debido a su temor a las represalias de los traficantes. El gobierno no ofrece a las víctimas extranjeras de trata alternativas legales a la deportación a países donde podrían enfrentar dificultades o castigos. Aunque el gobierno no proporcionó formación especializada en la identificación de víctimas de trata, otras entidades, incluyendo varias ONG y gobiernos extranjeros, proporcionaron capacitación a la policía, fiscales y la población en general.

Prevención

El gobierno mantuvo los niveles previos en los esfuerzos de prevención y sensibilización del público, en gran medida en colaboración con donantes internacionales. Las autoridades bolivianas continuaron forjando alianzas con organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y con otros gobiernos sobre actividades de prevención y organizó la Primera Conferencia Internacional sobre Trata de Personas realizada en el país, en marzo de 2009. No hubo informes de esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales o de trabajo forzado durante el año. El gobierno proporcionó capacitación contra la trata de personas a sus tropas antes de ser desplegadas en misiones internacionales de mantenimiento de la paz.