Bolivia

La inestabilidad política, un marco legal débil y fluctuante, el creciente cultivo de hoja de coca y la apertura de relaciones diplomáticas con Irán, muestran a Bolivia con un nuevo potencial como posible lugar de actividades terroristas. Se sospecha que partidarios y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), del Partido Patria Libre de Paraguay (PPL) y de Sendero Luminoso estuvieron presentes en Bolivia.

En diciembre, tras 16 meses de deliberaciones dentro de una Asamblea Constituyente, el partido Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Morales aprobó un nuevo proyecto de constitución con poca participación de la oposición política. Las acciones del gobierno dividieron el país dando por resultado que cinco de nueve prefectos departamentales calificaran a la nueva constitución de ilegal e ilegítima. Los departamentos opositores realizarán consultas sobre su autonomía en mayo y junio. El clima político y económico incierto de Bolivia y un incremento en la producción de hoja de coca, podrían conducir a un incremento de tráfico de bienes y dineros ilícitos a través de las fronteras bolivianas.

En septiembre, el gobierno boliviano anunció la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales con Irán. El acuerdo de fecha 27 de septiembre anunció una asistencia iraní a Bolivia por mil cien millones de dólares en un lapso de cinco años. Además, Bolivia recibió un continuo apoyo médico y de inteligencia por parte de Cuba, país con el cual ha tenido una relación cercana desde 2006. El ineficaz régimen contra el lavado de dinero del gobierno de Bolivia no cumplió con las normas internacionales. En julio, el Grupo Egmont suspendió la calidad de miembro que tenía Bolivia debido a que el país no criminalizó el financiamiento al terrorismo.

En octubre, el gobierno peruano solicitó la extradición de Walter Chávez, un cercano asesor del gobierno boliviano. En 1990, Chávez fue arrestado en Perú por presuntas actividades ilegales y participación en el MRTA, fue puesto en libertad bajo fianza y desapareció antes de entregarse en Bolivia en 1992. El gobierno boliviano declaró que defendería y protegería a Chávez, argumentando que era un refugiado político protegido por acuerdos internacionales.