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Informe sobre Trata de Personas
 

Bolivia (Nivel 2)

Bolivia es principalmente un país de origen desde donde hombres, mujeres y niños son sometidos a condiciones de tráfico sexual y trabajo forzoso dentro del país o en el extranjero. Un gran número de bolivianos se encuentran en condiciones de trabajo forzoso en Argentina, Brasil, Chile, Perú, España y Estados Unidos en talleres, fábricas y en la agricultura. Un funcionario consular de Bolivia observó un aumento de la explotación los trabajadores bolivianos en Brasil durante el año.

En Bolivia, mujeres jóvenes y niñas de zonas rurales son objeto de tráfico sexual en las zonas urbanas. Mujeres y niñas bolivianas también son sometidas al tráfico sexual en países vecinos, como Argentina, Perú y Chile. Los miembros de las comunidades indígenas están en riesgo de trabajo forzoso en el país, particularmente en la región del Chaco. Un número significativo de niños bolivianos son sometidos a condiciones de trabajo forzoso en la minería, la agricultura y el servicio doméstico. Informes también indican que algunas familias alquilan a sus niños para trabajos forzados en la minería y la agricultura cerca de las zonas fronterizas con Perú. En Chile y Brasil, las autoridades identificaron a algunos niños de Bolivia obligados a servir como mensajeros para el transporte de drogas. A pesar de las afirmaciones en contrario de algunos funcionarios, algunas organizaciones no gubernamentales y el Defensor del Pueblo informaron que un pequeño número de niños que prestan servicio en las fuerzas armadas bolivianas. Los porosos controles a lo largo de las fronteras del país facilitan el movimiento de migrantes indocumentados, algunos de los cuales pueden ser víctimas de trata y tráfico.

El Gobierno de Bolivia no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y tráfico; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. El gobierno mantuvo los esfuerzos de aplicación de la ley contra los delitos de trata sexual que involucra a niños y, con el apoyo de un gobierno extranjero, inauguró cuatro unidades de investigación contra la trata y tráfico durante el período de referencia en las zonas fronterizas donde se han identificado problemas de trata y tráfico de personas. A pesar de estos esfuerzos, la cantidad de condenas a tratantes se mantuvo desproporcionadamente baja en comparación con el alto número de víctimas de trata y tráfico identificadas por las autoridades bolivianas. El gobierno no mostró evidencias de estar abordando adecuadamente el trabajo forzado y la mayoría de los servicios para víctimas estaban disponibles sólo para niñas víctimas de trata con fines sexuales.

Recomendaciones para Bolivia:

Intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley contra el trabajo forzado de adultos y niños y la prostitución forzada de adultos; intensificar los esfuerzos para procesar judicialmente los delitos de trata y tráfico, y condenar y castigar a los tratantes, especialmente en los casos de prostitución forzada de mujeres adultas o de trabajo forzoso; intensificar los esfuerzos para identificar proactivamente a las víctimas de trabajo forzoso y adultos víctimas de tráfico sexual; aprobar el proyecto de ley integral contra la trata y tráfico con el fin de establecer protecciones más sólidas para las víctimas; mejorar los servicios para víctimas en todo el país, especialmente para las víctimas del trabajo forzoso, por medio de mayores recursos destinados a la asistencia de las víctimas; aumentar los recursos para las unidades de la fiscalía y la policía dedicadas a combatir la trata y tráfico de personas con el fin de hacer frente al desafío de pasar de la identificación de víctimas hacia un enjuiciamiento exitoso de los perpetradores; mejorar las oportunidades de capacitación para policías, funcionarios judiciales y otros funcionarios del gobierno; desarrollar procedimientos formales para identificar a las víctimas de trata y tráfico entre poblaciones vulnerables; proporcionar una mayor protección legal a las víctimas de trata y tráfico de personas, incluidas las alternativas legales a la deportación de víctimas extranjeras; e incrementar la conciencia pública sobre los peligros de la trata y tráfico de personas, especialmente entre los ciudadanos bolivianos que buscan empleo en el extranjero.

Enjuiciamiento

El gobierno boliviano mantuvo esfuerzos contra la trata y tráfico de personas durante el último año, a pesar de que no demostró un mayor esfuerzo para enjuiciar y castigar a los tratantes. Bolivia prohíbe todas las formas de trata y tráfico de personas a través de la Ley 3325, promulgada en 2006, que establece penas de prisión de ocho a 12 años de cárcel por los delitos de trata interna y transnacional. Estas sanciones son suficientemente severas y proporcionales a las penas prescritas en la legislación boliviana para otros delitos graves, como la violación. Un proyecto de ley contra la trata y tráfico de personas presentado ante el Congreso de Bolivia aumentaría la capacidad del gobierno para llevar a cabo investigaciones en profundidad sobre el delito de trata y tráfico y mejoraría el acceso de las víctimas a servicios especializados. La Policía Boliviana Nacional informó que investigó 219 casos sospechosos de incluir el delito de trata de personas en 2010, en comparación con 288 investigaciones iniciadas durante el año anterior.

Las autoridades enjuiciaron a 15 presuntos infractores en el marco de la ley contra la trata y tráfico, así como a 16 infractores bajo las leyes contra el proxenetismo y a tres delincuentes bajo el marco de las leyes que prohíben la explotación sexual de menores. El gobierno logró la condena de siete delincuentes por delitos de trata con fines sexuales en 2010, en el marco de las leyes que prohíben el proxenetismo y la explotación sexual de menores, con penas que van de seis a 20 años de prisión. El gobierno no logró ninguna condena bajo la ley contra la trata y tráfico en 2010. En comparación, en 2009 el gobierno enjuició a 21 sospechosos de cometer delito de trata y condenó a siete, tres de los cuales fueron condenados a penas suspendidas. La mayoría de los esfuerzos de aplicación de la ley respecto al delito de trata de personas siguió enfocándose en la prostitución de menores y no hubieron informes de que se hayan presentado cargos por crímenes de trabajo forzado. El gobierno continuó el funcionamiento de cuatro unidades policiales especializadas contra la trata de personas en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Durante el período de este informe, las autoridades inauguraron cuatro unidades adicionales a lo largo de las fronteras de Bolivia con Brasil, en Cobija y Puerto Quijarro, con Argentina, en Yacuiba, y con Perú, en Desaguadero, con el apoyo de un gobierno extranjero. Cada unidad estuvo conformada por cuatro agentes y fueron asignados fiscales a estas unidades nuevas para apoyar el trabajo de investigación. Los oficiales de policía y los fiscales recibieron capacitación contra la trata con financiación de una ONG, organizaciones internacionales y un gobierno extranjero. La policía boliviana continuó dirigiendo operaciones de aplicación de la ley contra prostíbulos que explotaban a menores. La unidad de la fiscalía dedicada a la lucha contra la trata en la sede gubernamental sufrió escasez de fondos y de personal. Se informó que algunos jueces habrían sido reacios a aplicar la ley contra la trata de personas. Funcionarios bolivianos buscaron establecer alianzas con sus contrapartes en los gobiernos de Argentina y Perú para investigar casos de trata y tráfico y para repatriar a las víctimas. Las autoridades no informaron acerca de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de funcionarios de gobierno por complicidad relacionada con delitos de trata y tráfico de personas.

Protección

El gobierno de Bolivia mantuvo los esfuerzos para proteger a las mujeres víctimas de trata de personas en el último año con financiamiento de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos extranjeros. Aunque los funcionarios policiales identificaron un número significativo de víctimas menores de edad durante las operaciones policiales en prostíbulos, el gobierno carece de procedimientos eficaces para identificar a las víctimas de trata entre otras poblaciones vulnerables, como niños trabajadores. Las autoridades administraron un refugio cerrado para mujeres menores de edad víctimas de tráfico sexual  y otras mujeres menores de edad víctimas de abuso, en La Paz.  Refugios similares en Potosí, Cochabamba y El Alto, albergaron a víctimas de trata durante el período de referencia; estos refugios también albergaron a delincuentes juveniles. Además de investigar y enjuiciar casos, la unidad policial de lucha contra la trata de personas en Santa Cruz proporciona a las víctimas de trata y violencia intrafamiliar asistencia médica, servicios de consejería y refugio, y se la considera como un modelo exitoso de atención integral en el país. ONGs y grupos religiosos proporcionaron servicios adicionales de refugio y programas de reinserción para las víctimas de trata, pero no reciben financiación del gobierno.

En partes del país no estuvieron disponibles servicios temporales y de largo plazo para las víctimas. Los servicios para mujeres adultas víctimas y para víctimas masculinas fueron mínimos y en el caso un hombre de Argentina, víctima de trata sexual, éste fue puesto bajo custodia policial para protegerlo de los traficantes. La policía informó de la identificación de 277 víctimas de trata con fines sexuales durante el período que cubre este informe; 154 fueron remitidas a los centros administrados por el gobierno y 84 fueron remitidas a refugios administrados por la sociedad civil. Las autoridades informaron sobre la adopción del protocolo de atención de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para las víctimas de trata en 2010, en un esfuerzo por estandarizar el enfoque de las distintas entidades gubernamentales, pero no se asignaron fondos para implementar este protocolo. El gobierno alentó a las víctimas a participar en las investigaciones y enjuiciamientos de los tratantes, aunque a menudo las víctimas optaron por no cooperar debido a su temor a represalias por parte de los traficantes. Además, como los tribunales mantienen abierto el acceso a las actas, no existían mecanismos para proteger la información sobre las víctimas de trata y la estructura legal a menudo proporciona mayor protección a los delincuentes acusados ​​de trata y tráfico que a las víctimas. El gobierno no proporcionó a las víctimas extranjeras de trata y tráfico de personas alternativas legales a su deportación a países donde podrían enfrentar dificultades o represalias. Aunque el gobierno no proporcionó formación especializada para la identificación de víctimas de trata, otros socios, incluidas varias ONGs y gobiernos extranjeros, brindaron capacitación a la policía, a los fiscales y a la población en general.

Prevención

El gobierno mantuvo sus esfuerzos de prevención y sensibilización del público, principalmente en colaboración con donantes internacionales. El Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata de Personas se reunió cuatro veces durante el año y fue responsable de la ejecución del plan nacional 2006-2011 para combatir la trata y tráfico, aunque muchos de los objetivos del plan continúan sin cumplirse. En 2010, las autoridades patrocinaron la segunda reunión de Consejo Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Migrantes, que funciona por separado. Funcionarios de diferentes organismos gubernamentales y de la OIM se comprometieron a llevar a cabo varias iniciativas contra la trata y tráfico, incluyendo mayores esfuerzos en la identificación de víctimas a lo largo de la frontera con Argentina y una mayor coordinación con el Gobierno de Chile con respecto a menores bolivianos explotados en Chile. Las autoridades bolivianas continuaron forjando alianzas con organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y otros gobiernos para llevar a cabo actividades de prevención. No se informó durante el año acerca de esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales o trabajo forzado. El gobierno proporcionó capacitación en derechos humanos para sus tropas antes de ser desplegadas en misiones internacionales de paz, aunque esto no incluyó una formación específica sobre la trata de personas.

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